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Miércoles, 11 de enero de 2006
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POLÍTICA
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Pilar Elías asegura que el embargo a Azpiazu «por fin» hace justicia
La decisión de la Audiencia Nacional incluye también las cuentas corrientes
SAN SEBASTIÁN. Pilar Elías, la viuda de Baglietto. / TELEPRESS
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Pilar Elías, la viuda del edil de UCD Ramón Baglietto asesinado por ETA en 1980, se declaró ayer «muy satisfecha» con la decisión de la Audiencia Nacional de embargar los bienes de Kandido Azpiazu Beristain, uno de los asesinos de su marido. Elías, concejal del PP en Azkoitia, entiende que, con el auto de embargo que notificó ayer la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, «por fin se ha hecho justicia». Entre los bienes embargados a Azpiazu figura la cristalería situada en los bajos del inmueble donde reside la viuda de Baglietto, en el centro de Azkoitia.

La resolución señala que Azpiazu debe hacer frente a una indemnización a los familiares de Baglietto de 74.423 euros más los intereses devengados desde la fecha del atentado (1 de febrero de 1980), que el ex etarra no satisfizo en su momento por ser declarado insolvente. La familia tuvo que esperar veinte años para cobrar está cantidad, que fue abonada por el Ministerio de Interior en septiembre de 2000. Por ello, será Interior quien cobre ahora del embargo de los bienes de Azpiazu.

El auto notificado ayer por la Audiencia Nacional incluye también las cuentas corrientes que, según la Fiscalía, el ex terrorista tiene abiertas en La Caixa. La resolución judicial también alcanza a José Ignacio Zuazolazigorraga, que también cumplió condena por el asesinato de Baglietto.

Elías aseguró que su satisfacción trasciende del ámbito personal, «porque parece ser que se mueve algo que va a ser beneficioso para las víctimas», que han estado «completamente» olvidadas durante veinticinco años.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, advirtió no obstante que el embargo de bienes debe tener un límite para permitir la reinserción de los ex terroristas. Erkoreka subrayó que Azpiazu y Zuazolazigorraga ya cumplieron en la cárcel «sus deberes con la sociedad», por lo que entiende que para que puedan ejercer su derecho a la rehabilitación social el embargo no debiera afectar a aquellos bienes «imprescindibles para garantizar la supervivencia».



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