Los Gobiernos central y vasco no emprenderán acciones para impedir que Batasuna celebre el 21 de enero en el BEC de Barakaldo la asamblea que ratificará la nueva línea estratégica de la organización ilegalizada. José Luis Rodríguez Zapatero se limitó a apuntar que el Ejecutivo «cumplirá la ley en el ámbito de sus competencias». Se da la circunstancia de que las competencias en ese terreno corresponden al Gobierno de Vitoria, que, a su vez, «observa con normalidad» la celebración de la reunión. Es decir, que ni uno ni otro van a emprender acciones para frustrar la cita.
El presidente del Gobierno no quiso ser muy explícito sobre la actitud que adoptará. Durante un coloquio del Foro Europa, apuntó que actuará conforme a lo que diga la ley, una forma de colocar la pelota en el tejado del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, en concreto en la consejería de Interior.
El Gobierno central sólo podría tomar cartas en el asunto si instara a la Fiscalía General del Estado para que promoviera una denuncia ante el Tribunal Supremo, el organismo que ilegalizó a Batasuna en marzo de 2003. Un paso que, por el momento, no parece dispuesto a dar. Así lo reconoció también el presidente del alto tribunal, Francisco José Hernando, en un desayuno informativo, donde puntualizó que el Supremo sólo podría intervenir si el Ministerio Público o la Abogacía del Estado lo piden.
Hernando recordó, no obstante, que Batasuna está «extinguida judicialmente» como estableció el Tribunal Constitucional al decretar en diciembre de 2005 la «muerte civil» del partido ilegalizado. En consecuencia, puntualizó, no puede convocar una asamblea ni cualquier otro tipo de acto público.
Manos Limpias y AVT
Por su parte, la portavoz del Gabinete Ibarretxe, Miren Azkarate, indicó que el Gobierno vasco «observa con normalidad» la asamblea que Batasuna tiene pensado organizar en Barakaldo y enmarcó la petición del PP de prohibirla en «actitudes del pasado de confrontación y de negación».
Azkarate, tras el Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, sostuvo que «los actos en los que se reafirme la voluntad del diálogo para resolver los conflictos son el camino que tenemos que recorrer».
Una opinión diametralmente opuesta a la de Manos Limpias y a la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El sindicato de funcionarios pidió ayer al Tribunal Supremo que inste al consejero de Interior, Javier Balza, y al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, a impedir la celebración del acto. La AVT, por su parte, consideró «lamentables» las palabras de Zapatero y anunció que hoy presentará una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que la convocatoria de Batasuna no se realice.