El Ejecutivo vasco tiene previsto poner en marcha este trimestre las ayudas para fomentar los sistemas de previsión social complementaria de empleo -fondos de pensiones colectivos para los trabajadores-, a través de un plan que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno con unas ayudas de 38,1 millones de euros en ocho años. De esta forma, el Departamento de Empleo y Seguridad Social, que dirige Joseba Azkarraga, recupera uno de los proyectos estrella de la pasada legislatura, que fracasó por las críticas recibidas desde los agentes sociales y la falta de adhesión al mismo de las diputaciones forales, a quienes corresponde la fundamental tarea de dotarlo de medidas fiscales adecuadas.

La iniciativa, presentada ayer por el consejero, retoma los objetivos y principales medidas del anterior y apuesta por la sistema de pensiones público como base fundamental de la previsión social. Sin embargo, ante su eventual crisis futura producida por el envejecimiento de la población propone potenciar las entidades de previsión social voluntarias (EPSV) creadas en las empresas y sectores productivos para complementar las prestaciones del Estado. La propuesta mantiene la indefinición en algunos aspectos y continúa sin resolver el capítulo fiscal.

En esencia, el plan del Gobierno vasco pretende que las EPSV de empleo alcancen al 70% de los trabajadores y que aporten en el momento de la jubilación el 20% del último salario recibido, con el fin de que los ingresos de sus beneficiarios se sitúan entre el 80% y el 85% de los que tenían cuando estaban en activo.

Las ayudas previstas, que serán reguladas por decreto este trimestre, contemplan el apoyo a los «sistemas de empleo cualificados», a los agentes sociales para la promoción de los mismos, a las propias EPSV para la formación de directivos y otras medidas administrativas para simplificar su implantación. Además, el plan prevé una aportación por socio de unos 50 euros en el momento de la constitución, según indicó el consejero.

Por mayoría

El Gobierno vasco considerará 'sistemas de empleo cualificados' a aquéllos que se adopten por la mayoría de la representación social de los trabajadores, pero está dispuesto también a conceder las ventajas previstas para éstos a los que, sin respetar ese requisito, sean respaldados por el 60% del colectivo de empleados afectados en el momento de su aplicación. De esta forma deja abierta la puerta a EPSV como Itzarri, puesta en marcha el pasado año en virtud de un acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco con una minoría sindical y que afecta a 65.000 trabajadores.

Sin embargo, la documentación entregada ayer por Azkarraga deja en el aire algunas importantes cuestiones, como la participación de los agentes sociales en el Observatorio de la Previsión Social y el Consejo Vasco de la Previsión Social o qué medidas fiscales están dispuestas a adoptar las diputaciones para dotar de ventajas a los sistemas de previsión de empleo sobre los individuales, uno de los objetivos prioritarios del programa.

El documento se refiere también a las EPSV individuales y anuncia la regulación de su comercialización, la información que deben recibir los asociados a las mismas, y la transparencia de los costes.

En la presentación del plan, Azkarraga aseguró que el proyecto ha recogido «importantes aportaciones» de los agentes sociales, a quienes consideró los «auténticos protagonistas» del mismo, y subrayó que «no obliga» y «no impone nada a nadie». También dijo que había trasladado a las diputaciones la necesidad de «separar los tramos» del IRPF, diferentes para las EPSV de empleo y para los sistemas individuales de previsión.