El acuerdo por el que Iberdrola comprará a Gas Natural una serie de activos si triunfa la OPA sobre Endesa no va a pasar el filtro del Gobierno en sus términos actuales. El Ejecutivo se dispone a introducir restricciones en este pacto en el marco de las condiciones que impondrá a toda la operación para proceder a darle su 'visto bueno', según fuentes oficiales. Su objetivo con esta medida es que otras compañías del sector -Unión Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico-, que han criticado con dureza el citado compromiso, accedan a las desinversiones que el nuevo grupo resultante de la fusión deberá acometer.

Ya no hay dudas de que el Gobierno autorizará la OPA a pesar del veto del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). El respaldo explícito de José Luis Rodríguez Zapatero a la operación ha eliminado cualquier incertidumbre en este sentido. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, dio ayer el espaldarazo definitivo al señalar que la existencia de grandes empresas es «perfectamente» compatible con la libre competencia. La incógnita que ahora queda por despejar es qué condiciones va a imponer el Ejecutivo. Y aquí es donde entra el acuerdo de Gas Natural e Iberdrola, por el que la eléctrica vasca adquirirá al operador gasista activos por un importe comprendido entre 7.000 y 9.000 millones de euros.

Para la revisión del pacto, el Ministerio de Economía va a tener en cuenta las recomendaciones que han hecho al respecto los dos órganos reguladores que han analizado la OPA: la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Tribunal de la Competencia. Ambos organismos han criticado aspectos del acuerdo por considerar que pueden dañar la competencia.

Generación eléctrica

Así, la CNE aconseja que Gas Natural no venda a Iberdrola plantas de generación eléctrica peninsulares para evitar la creación de un duopolio. Ésta es un 'pata' importante del acuerdo -son 3.100 MW de las centrales de carbón de As Pontes y Teruel junto con la de fuel oil de Foix-, aunque la compañía presidida por Iñigo de Oriol asegura que tiene un peso reducido en relación al conjunto -quedan los 1,25 millones de puntos de suministro de gas, el sistema eléctrico y gasístico de Baleares así como activos en Italia, Francia y Latinoamérica-.

El TDC es muy crítico con el acuerdo en el dictamen en el que resuelve vetar la OPA, al advertir de que «la designación de Iberdrola como forzoso comprador de activos no sólo no resuelve sino que potencia los efectos restrictivos de la operación sobre la competencia».

En el voto particular de los tres vocales que se opusieron al veto se matiza este rechazo tan rotundo, aunque también se ponen pegas a aspectos importantes del acuerdo de Gas Natural e Iberdrola como el riesgo de solapamiento de redes eléctricas y gasísticas. Si el Gobierno toma todas estas recomendaciones al pie de la letra, podría llegar a invalidar el pacto, aunque la compañía vasca se muestra convencida de que el grueso del mismo se va a salvar.

Por otro lado, Iberdrola apuntó ayer que ha obtenido el visto bueno del Gobierno portugués para elevar su participación en EDP hasta cerca del 10% desde el 5,7% actual. A cambio, la eléctrica ha puesto a la venta su 4% en Galp, por el que ha presentado una oferta el grupo Amorim.