Confebask emitió ayer un duro comunicado en contra del Plan de Previsión Social Voluntaria elaborado por el consejero de Empleo del Gobierno vasco. En este complejo tema todas las partes tienen su parte de razón, aunque no siempre se utiliza con buen sentido.

Es cierto que el sistema actual ha terminado por convertir los planes de pensiones y las EPSV en un producto más de ahorro de presente que de previsión del porvenir. La prueba de ello es que el titular actúa movido por el ahorro fiscal inmediato y se preocupa menos de la rentabilidad a futuro. El tratamiento fiscal vigente hace que las rentas altas se beneficien más que las bajas y, como son las que disponen de una mayor capacidad de ahorro, son también las que mayores volúmenes acumulan. Pero siendo eso cierto, hay que saber también que Hacienda no hace un esfuerzo de generosidad enorme, ya que la ventaja consiste sólo en atrasar impuestos, que al final termina cobrando por una u otra vía; y que así se incrementa el ahorro global de manera sustancial.

El consejero Joseba Azkarraga desea generalizar su uso entre los trabajadores, lo cual es un objetivo absolutamente encomiable. El problema reside sólo en elegir quién y cómo se asume el costo que ello supone. En determinar si la previsión del futuro debe de ir a costa de la recaudación del presente de Hacienda, del bolsillo del trabajador beneficiario o de la cuentas de resultados de la empresa que le contrata. La patronal se alarma ante la posibilidad de que se adopte esta última posibilidad y la previsión acabe convertida en una nueva carga sobre el empleo.

Es evidente que el costo del empleo y el número de empleados son dos variables perfectamente entrelazadas. Así que, si la razón económica elimina la tercera posibilidad y la razón política la segunda, todos miramos hacia Hacienda. ¿Hay alguien ahí?