Hace cuatro semanas escribí en este mismo espacio un artículo que llevaba por título «BEC: Nuevo Anoeta», en el que me refería al I Congreso Nacional de Batasuna. Expresé mi opinión de lo que podría significar este acto como catalizador de un proceso irreversible de pacificación, en la medida que en el mismo se puede llegar a presentar una oferta política que incluya un pronunciamiento favorable a la finalización de la violencia de ETA al estilo Gerry Adams. Ello podría constituir la razón política y jurídica para iniciar la recuperación de la condición de partido legal y su incorporación al juego democrático.

Un acto importante para Batasuna, pero sobre todo sería una espléndida noticia para la democracia, pues reflejaría el triunfo de la política sobre la violencia. Aquel artículo inicialmente incluía la siguiente expresión: «Todo esto puede suceder si a nadie se le ocurre instar la prohibición del acto». Después lo quité, como no queriendo 'dar ideas', pero convencido de que una vez más en lugar de mirar a la luna miraríamos al dedo que apunta a la luna.

Algunas instancias judiciales han activado el mecanismo para una posterior resolución que prohíba la celebración del congreso. El PP está actuando como cabecilla de esta reacción. En los medios de comunicación poco a poco se está convirtiendo en el tema estrella. La razón para la prohibición del acto es que Batasuna es un partido ilegalizado y, en consecuencia, carece de entidad jurídica para realizar este tipo de actos. No oculto que es una razón de peso a tener en cuenta, pero a quienes defienden tal posición formal hemos de exigirles coherencia cada vez que esta formación actúa en el ámbito de la política.

Así, parece ser que quienes ahora instan la suspensión del acto del BEC no se han enterado que durante más de tres meses se han celebrado más de dos centenares de asambleas en municipios de los distintos territorios en los que, según las organizaciones, han participado cerca de 7.000 militantes y simpatizantes. Parece que los del PP no se han enterado que uno de los territorios donde más activamente ha actuado Batasuna ha sido precisamente en Navarra.

Llevado al extremo que ahora se pretende, la ilegalización tenía que haber significado la prohibición de cualquier convocatoria a la prensa y, por consiguiente, la prohibición para los medios de reproducir documentos de Batasuna, particularmente las del proceso Bide Eginez. Sin embargo, en la práctica vemos que todos los medios han abierto sus páginas a las noticias y a las opiniones provenientes de Batasuna.

Lo más preocupante de estas actitudes no está en la supuesta firmeza, sino en su fariseísmo. Está claro que el congreso en sí mismo no es un acto de naturaleza delictiva. Está claro también que en los documentos del congreso no hay indicios de resoluciones ilícitas. Al contrario, parece ser que las resoluciones apuntan a una democratización de la izquierda abertzale.

Si esto es así, la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿Qué gana la democracia prohibiendo el acto del BEC si dentro de un mes lo podrían celebrar legalmente en el estadio Agilera de Biarritz totalmente abarrotado?