El Gobierno estudia «fórmulas» que reflejen el sentimiento nacional en el preámbulo del Estatuto de Cataluña, porque esa seña de identidad es «mayoritaria» entre los catalanes. La vicepresidenta primera garantizó que, pese a los deseos del tripartito y CiU, el término 'nación' no figurará en el articulado para que no genere efectos jurídicos. José Luis Rodríguez Zapatero soslayó la polémica y prefirió mostrarse conciliador con la federación nacionalista, cuyo concurso para la aprobación de la reforma estatutaria consideró «conveniente».

María Teresa Fernández de la Vega señaló que los expertos gubernamentales analizan alternativas que «recojan la identidad» y «el sentimiento» de la mayoría de la sociedad catalana, de forma que la definición de nación aparezca en el preámbulo. Porque si una cosa está clara, añadió, es que «será eliminada del articulado». En el proyecto aprobado por el Parlamento autonómico el pasado 30 de septiembre se señala en su artículo primero que «Cataluña es una nación».

Esta diferencia de ubicación no es neutra. La inclusión en el preámbulo es una declaración de principios que no genera consecuencias jurídicas, mientras que en el articulado puede crearlas. Así, si la definición de nación figura en algún artículo del Estatut es un hecho que puede ser invocado, por ejemplo, para solicitar que Cataluña tenga selecciones deportivas nacionales en competiciones internacionales o para pedir el ingreso en organizaciones como la Unesco u otras. El Gobierno no reveló qué fórmulas maneja, pero algunos 'barones' socialistas que asistieron el martes a la cena con Rodríguez Zapatero creyeron entender que algunas opciones eran que Cataluña «tiene una identidad propia de nación» o «se considera una nación».

Fernández de la Vega está convencida de que, pese a las dificultades, «habrá Estatuto y habrá un buen Estatuto», y «eso va a ser bueno para España porque vamos a mejorar nuestro modelo de convivencia». Restó importancia a las tensiones de última hora porque «es absolutamente normal desde una perspectiva democrática». Se trata, prosiguió en declaraciones a Antena 3, de una reforma territorial «importante» que se aborda a través del «diálogo».

Palabras y «decisiones»

El presidente del Gobierno también se mostró persuadido de que es posible llegar a un acuerdo antes del día 21. Pese al análisis del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que ve en Convergencia i Unió un obstáculo para el consenso, Rodríguez Zapatero se mostró optimista. Según dijo, una cosa son las declaraciones públicas de los nacionalistas y otra sus «decisiones». Y éstas demuestran, al parecer, que la formación que lidera Artur Mas tiene «voluntad de acuerdo». El jefe del Ejecutivo aseguró que nadie, tampoco Maragall, ha planteado por el momento excluir a los nacionalistas del pacto estatutario; en cualquier caso, juzgó su concurrencia «conveniente».

Zapatero, en una conversación informal con la prensa durante la recepción del Rey al cuerpo diplomático, no quiso desvelar cuál es el margen de maniobra de los interlocutores socialistas en el principal punto de desacuerdo, el problema de la financiación, que considera el «tesoro» de la negociación. Tampoco confirmó si para resolver el dilema generado por el sentimiento identitario de los catalanes se optará por la fórmula descrita por la vicepresidenta.

Una fórmula a la que se oponen tanto ERC como CiU. El líder de esta última formación dejó ayer claro, además, que no está especialmente receptivo a las propuestas de los socialistas. Mas tachó a Maragall de «innoble» y le acusó de «sembrar discordia» entre las fuerzas catalanas, por haber dicho en la cena de los 'barones' socialistas que, aunque lo «ideal» es que CiU esté en el acuerdo, «aritméticamente» es posible aprobar la reforma sin la federación catalana. El líder nacionalista replicó ayer que también se puede retirar el proyecto de las Cortes sin el PSC.

El enfrentamiento entre Mas y Maragall enrareció ayer el ambiente en la reunión que mantuvieron el tripartito y CiU para preparar su encuentro de hoy con los representantes socialistas y del Gobierno. Los cuatro partidos, que mantienen profundas discrepancias sobre el «ritmo» y la «dinámica» del proceso, coincidieron en la necesidad de avanzar en la cumbre multipartita de Madrid en el capítulo de las competencias de la Generalitat.