El Correo Digital
Sábado, 14 de enero de 2006
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OPINIÓN
ARTÍCULOS
Alegato contracorriente en pro de la legalidad
Estamos asistiendo a un ejercicio de casuística decadente en vísperas de la convocatoria que Batasuna ha realizado en el BEC de Barakaldo para el próximo día 21. Entiendo por casuística decadente el juego dialéctico que respeta formalmente una ley, que le resulta incómoda, pero que la sortea y burla de forma hipócrita. Es conocida la versión casuística inocente según la cual no se puede fumar mientras se reza, pero sí se puede rezar mientras se fuma. Acabo de escuchar de boca de uno de los juristas con mayores responsabilidades públicas en España que no está claro si la convocatoria mencionada la realiza Batasuna, partido ilegal y en cuyo caso habría que prohibirla, o un conjunto de simpatizantes a título personal, a los que no se puede impedir el ejercicio del elemental derecho democrático de reunión. ¿Dónde vive este señor, que es el fiscal general del Estado? No se ve cómo unos particulares pueden, por su cuenta y riesgo, convocar el congreso de un partido político. De hecho el cartel anunciador del evento, que todos podemos leer en la calle, es inequívoco y el nombre de Batasuna como entidad convocante no se escapa a nadie. Quienes están anunciando el acontecimiento en numerosas ruedas de prensa y animando a la participación son los máximos responsables de la ilegalizada Batasuna. En la reunión se trata de presentar las resoluciones políticas elaboradas para el partido y de ratificar o elegir su nueva dirección. Y, en mi opinión, un objetivo central del cónclave multitudinario que preparan es hacer una demostración de fuerza, lanzar un desafío al Estado democrático, que ilegalizó a Batasuna, y dar una vuelta de tuerca más en su estrategia de deslegitimación de nuestra democracia.

Es verdad que puede tocar a los tribunales decidir sobre la legalidad o no de la reunión del día 21, pero me parece que, en las circunstancias que vivimos en Euskadi y con todos los datos que poseemos, un político no debe transferir simplemente la responsabilidad a los jueces -cuya decisión, en todo caso, tendrá que respetar siempre- para evitar emitir su opinión. Es la salida cómoda que escuché al secretario del PSE de Guipúzcoa y al presidente del Gobierno español, que afirmaba que «la Ley de Partidos es muy restrictiva» y hay que armonizarla con los derechos que la Constitución reconoce, entre ellos el de reunión. La razón es obvia: asistimos a un desafío al Estado de Derecho que responde a una estrategia política. Ya sé que por la cabeza del político pasan otras consideraciones, que hay que evitar enfrentamientos en un momento en que la izquierda abertzale puede estar evolucionando y que la prohibición no haría más que radicalizarla. Sin embargo, la experiencia nos enseña que lo que ha hecho reflexionar y cambiar al radicalismo abertzale ha sido la acción contundente del Estado de Derecho.

Precisamente un gravísimo problema en Euskadi es la debilidad del Estado de Derecho, lo que constituye terreno abonado para la cultura de la violencia política, que tan profundamente ha arraigado entre nosotros y que tiene múltiples manifestaciones. Se empieza por no respetar las leyes en la puerta de Ajuria Enea, se sigue -como tuvimos que contemplar en su día- por echar nubarrones de deslegitimación de la judicatura desde la Consejería del ramo del Gobierno autonómico y se acaba estableciendo una equiparación entre ETA y el Ejército del Estado democrático, ambos como peligrosos enemigos del pueblo vasco. Y esto último no lo hace el miembro de un grupúsculo de extrema izquierda, sino que lo realiza sin pestañear, tranquilamente y ante las cámaras de la televisión, uno de los máximos dirigentes del PNV, que encima pertenece al sector abierto o transversalista y preside la Comisión de Víctimas del Parlamento vasco. La demagogia campa por sus respetos, se habla sin rigor y sin sentido de la responsabilidad, la democracia es desprestigiada, con frecuencia, por quienes gobiernan y más se aprovechan de ella y tienen el deber de defenderla.

También sé que el político puede esgrimir otras razones, de índole estratégica, para considerar conveniente que se tolere la gran asamblea propagandística del día 21, cerrando los ojos ante la flagrante conculcación de la ley. Sería algo así como ofrecer una plataforma al mundo radical para que se incorpore a la política democrática. El político hace juicios de oportunidad y no de verdad estricta. Puede, además, estar calculando que, a medio plazo, esa formación política reconvertida puede llegar a ser una aliada para la famosa alternativa al poder existente en el País Vasco desde la instauración de la democracia.

No defiendo a ultranza la ética de la convicción contra la ética de la responsabilidad, pero sí creo que hoy en Euskadi el principio de legalidad y el principio de la interpretación de la historia desde el punto de vista de las víctimas son absolutamente irrenunciables y prioritarios. Es importante ciertamente que la ciudadanía que se identifica con la izquierda abertzale tenga una expresión política de índole democrática. Para ello tendrá que desvincularse de ETA y de sus medios terroristas, pero será también necesario que ideológicamente quede derrotada una visión de nuestro pasado reciente que reivindica una supuesta función positiva ejercida por ETA para promover el cambio político en nuestra sociedad. Nos jugamos en ello nuestra dignidad colectiva más elemental. Y hay que recordar que en el centro del cartel anunciador de la asamblea de Batasuna del próximo 21 está, con suficiente claridad, el anagrama de ETA, lo que implica la voluntad de reivindicar su herencia política. Este proyecto supone el envilecimiento moral de la sociedad vasca. Si no fuese tan serio lo que está en juego, provocaría hilaridad la casuística cínica del periodista que, ayer mismo, afirmaba que la serpiente enrollada en un bastón no tiene nada que ver con ETA y es simplemente el signo de Esculapio, dios romano de la medicina, anagrama de la Organización Mundial de la Salud y su presencia en el cartel anunciador del Congreso del día 21 significa que uno de los objetivos de los convocantes es que Euskal Herria «pueda gozar del grado máximo de salud».

Nuestra sociedad vive días de tensa espera, inducida y fomentada no sé si con mucho fundamento. Se anuncian decisiones inminentes que van a cambiar todo, se alienta el típico mesianismo con que el nacionalismo alimenta a su gente y si el plan Ibarretxe falló, 'ahora sí que sí va en serio', aunque probablemente todo vaya a quedar poco más o menos igual; corren rumores de tregua, pero ETA sigue aprovisionándose de explosivos y dando muestras, con 'acciones calculadas' (según Egibar y Permach, a quienes se les puede reconocer expertos en la materia), que puede intervenir cuándo y cómo quiera. En la tensa espera los agentes amagan, calculan y tantean como los púgiles al inicio de un combate. El PNV teme que una operación entre el Gobierno español y ETA le deje al aire y le reste protagonismo. En el PSOE puede haber quienes piensen que, a medio plazo, quizá surja una fuerza nacionalista a la izquierda del partido jeltzale, con la que pactar y reproducir el modelo del tripartito catalán. ¿Será así como piensan convertirse en alternativa al PNV? Batasuna tiene que desvincularse de ETA, pero asumiendo su historia como un triunfo. El PP no da facilidades precisamente para una acción conjunta y hace arriesgados juicios de intenciones, incluso de razonables decisiones del Congreso sobre el diálogo con ETA, sin concesiones políticas y una vez que haya renunciado al terrorismo. Como la cosa está tan complicada hay muchos silencios, porque no conviene turbar la calma relativa de la política vasca, tras una larga temporada de tensiones insoportables, pero también porque no es fácil tener una opinión formada, y, sobre todo, porque se calcula mucho para quedar bien colocado en una posible nueva situación. Se puede pecar por exceso de firmeza, pero también por exceso de cintura. Quienes hablan de la necesidad de pactos transversales en Euskadi, y en esto cuentan con mi apoyo, parecen dispuestos a embarcarse en una crucial reconfiguración del Estado en España, muy rápida y nada transversal, sin contar con el PP y sus más de 10 millones de votantes, con el solo apoyo, precario y caro, de los nacionalismos periféricos. Sería de desear que la actitud ante la asamblea que se anuncia para el 21 no esté inspirada por alucinaciones estratégicas de este estilo. La prudencia del gobernante consiste en dosificar la firmeza con la cintura, y la honradez, en ejercitar la firmeza y la cintura sin acepción de personas ni de grupos.



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