Aún no recuperada de la frase del obispo Uriarte -«la aplicación excesivamente rígida de la ley es un obstáculo para la pacificación»-, nos sale Pepiño Blanco con que «la ley será interpretada y aplicada en función del interés general, que es que se acabe con el terrorismo», toma ya. Haría bien Blanco en acelerar esos estudios de Derecho que se propone empezar, pues quizá así se enteraría de que la ley no es un chicle que se encoge y estira a gusto del Gobierno de turno, sino que ha de ajustarse al Derecho para ser justa. Y si no se ajusta, es otra cosa, un chanchullo, un trapicheo. Claro que a otro ínclito jurista, ZP, no parece que le haya cundido mucho la carrera de Derecho cuando pide respeto a los derechos y libertades de los convocantes del acto de Batasuna, que se anuncia con el anagrama de ETA. Y yo quisiera preguntarle qué pasa con los derechos y libertades de los 900 asesinados y sus familias, o de los 42.000 amenazados que hay en el País Vasco, o de los 200.000 que han huido. ¿No tienen derechos, o es que ahora no son de 'interés general'?