El desbordamiento de la inflación el pasado año costará a las empresas vascas en torno a los 50 millones de euros por la aplicación de las cláusulas de salvaguarda salarial, según las estimaciones provisionales realizadas por el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL). De esta cantidad, unos 37 millones irán a parar a los bolsillos de los trabajadores y el resto, a cotizaciones sociales.

Aunque en menor proporción que en el conjunto de España, los convenios colectivos vascos incorporan cláusulas de revisión para proteger las retribuciones contra incrementos imprevistos de los precios. En la comunidad autónoma, en torno a un 40% de las personas con convenio tiene este tipo de cobertura, según estimaciones de CC OO y del propio CRL, lo que supone un total de 140.000 trabajadores, de los casi 350.000 cuyo acuerdo laboral está en vigor.

La aplicación de la cláusula de revisión elevará la subida salarial media -3,8% en los convenios en vigor- en 0,5 ó 0,6 puntos, según las primeras estimaciones del CRL, lo que se traducirá en los 50 millones de euros citados, dado que el coste laboral medio en Euskadi de un trabajador se sitúa cerca de los 2.500 euros al mes.

En el conjunto de España, el coste para las empresas ascenderá a más de 2.000 millones de euros, según se desprende de los primeros informes sindicales. La cláusula de revisión está incluida en los convenios del 70% de los casi ocho millones de trabajadores incluidos en los 4.000 pactos vigentes.

Cláusula «vital»

El incumplimiento sistemático de las previsiones de inflación ha llevado a algunos sindicatos, un año más, a abogar por la aplicación generalizada de las cláusulas de salvaguarda. Así lo demandaba ayer CC OO de Euskadi, que no dudó de calificar de «vital» la incorporación de esta fórmula a los acuerdos laborales, ya que «evita, en parte, la sistemática pérdida de poder adquisitivo de los salarios» con datos tan «pésimos» como el IPC de 2005.

Parecida reflexión expresó UGT-Euskadi, que advirtió de que el negativo comportamiento de la inflación perjudica a cerca del 90% de trabajadores vascos, que no tienen actualizado el convenio o que están sujetos a acuerdos sin cláusula de revisión.

Por su parte, ELA responsabilizó del incremento de los precios a los «grandes beneficios empresariales» y advirtió de que «no puede utilizarse la excusa de la contención salarial para frenar el aumento del IPC». Esta central apostó porque los salarios crezcan más para que las rentas de trabajo puedan mantener su participación en la riqueza, ya que, a su juicio, hay margen para ello.

LAB aprovechó la ocasión para criticar a CC OO y UGT por prorrogar el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AINC) que, en su opinión, sólo busca «la paz social y la moderación salarial», cuando los precios han superado todas las previsiones.

La patronal Confebask manifestó su inquietud porque el diferencial de precios con la zona euro sigue siendo «muy elevado» y porque un año más la inflación está «restando competitividad» a los productos que venden las empresas. Es necesario «corregir con la mayor celeridad posible» esta tendencia, apuntó.