España se encuentra en el lugar número 16 de la UE en materia de innovación, según un informe de la Comisión Europea dirigido por David White, director general de Empresas. Es decir, muy por detrás de los líderes -Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Alemania-, pero también de países promedio como Francia, Inglaterra, Italia o Irlanda. España estaría así en la tercera división científico-técnica de Europa, al nivel de Turquía, Rumanía o Bulgaria.

Que nuestro país ocupe el puesto decimosexto de veinticinco países en un escalafón directamente relacionado con el progreso, no es, evidentemente, un dato esperanzador. Pero tampoco tan catastrófico si se asume el profundo atraso científico del que poco a poco está emergiendo nuestro sistema productivo. Y lo es mucho menos si se tiene en cuenta la poca consistencia con que el estudio está hecho. La mayor parte de los 26 índices analizados tienen poco o nada que ver con la 'aplicación' (que no el descubrimiento) de nuevas técnicas al mundo de la empresa. El estudio induce a pensar que la innovación -que en principio podría asociarse a la reducción de costes y por tanto a ganancias en la productividad- es sinónimo de mejoras en competitividad; pero la reducción de costes -productividad- sólo se traduce en competitividad cuando la estructura de los mercados obliga a las empresas innovadoras a reducir los precios al nivel de sus costes, de manera que, en el contexto de mercados no competitivos y abiertos, los avances en innovación puede que no sean la panacea que se espera.

Ahora bien, independientemente de las cuestiones comparativas y el escepticismo frente a la innovación como bálsamo mágico, sí es cierto que el sistema productivo español adolece de un cierto desánimo innovador. El vínculo triangular entre las universidades, el sector público y las empresas sigue en nuestro país muy anquilosado y, a pesar de las recientes promesas del Gobierno de redirigir recursos hacia la I+D, los fondos públicos que llegan a la universidad no han variado sustancialmente. Como tampoco ha cambiado el recelo del Estado a colaborar con proyectos de investigación universitarios ya financiados por empresas privadas, y por tanto dirigidos a necesidades concretas y reales.