La fecha está fijada. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordará el próximo martes una nueva suspensión de las actividades políticas de Batasuna por un plazo máximo de dos años y decidirá si, en consecuencia y a la vista de los informes policiales, impide la celebración de la asamblea nacional que el partido ilegalizado en 2003 por el Tribunal Supremo ha convocado para el próximo 21 de enero en Barakaldo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 recibió ayer, sobre las 13.00 horas, los informes que el lunes pasado reclamó con urgencia a los servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con los que pretende saber si el partido ilegalizado ha reanudado su actividad política y si es la organización que está detrás de la convocatoria de la asamblea.

Los análisis policiales, que constan de unos cien folios y de varias cajas de anexos y documentos, concluyen que la reunión política de masas que se quiere celebrar el 21 de enero está promovida y organizada por Batasuna, según las fuentes judiciales consultadas. Los documentos concluyen, de acuerdo a indicios y pruebas muy similares, que es un acto interno del partido ilegalizado. Entre los elementos analizados están pancartas, carteles, asambleas locales preparatorias del acto, declaraciones públicas de dirigentes del partido ilegalizado, múltiples documentos y datos sobre la organización de la reunión, entre otros. Según 'Radio Euskadi', la pre-reserva del BEC está a nombre de Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Joseba Permach. Portavoces del recinto baracaldés no quisieron decir nada al respecto.

Grande-Marlaska, nada más conocer el contenido de los informes, convocó para el próximo martes, a las 10.00 horas en su despacho, a todas las partes personadas en el sumario de Batasuna -fiscal, defensas y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-, para celebrar una vista con arreglo al artículo 129 del Código Penal, el trámite previsto para acordar la suspensión de actividades de una organización. Al tiempo, el juez remitió a las partes copia de los informes policiales, para que el martes realicen sus alegaciones con conocimiento de causa.

El acuerdo de suspensión de actividades de la coalición abertzale será el primer punto de la comparecencia judicial, en la que el magistrado también determinará, mediante resolución motivada, si impide o no la asamblea. Baltasar Garzón, el predecesor de Grande-Marlaska en el Juzgado Central de Instrucción 5, acordó el 26 de agosto de 2002 la suspensión de actividades políticas de Batasuna por un plazo de tres años, dentro del proceso contra 41 dirigentes históricos de la coalición, a los que imputa un delito de integración en ETA.

La medida cautelar se agotó el pasado 26 de agosto de 2005, al cumplir los tres años de vigencia, sin que fuese prorrogada: ilegalizada la coalición, nadie creyó necesario renovar la suspensión. Ahora Grande-Marlaska, a petición del fiscal, de la AVT o de ambos, volverá a acordar la suspensión por otros dos años, que es el plazo máximo que le permite la ley. Garzón se adelantó con esta medida al proceso de ilegalización de Batasuna impulsado por el Gobierno, que concluyó el 27 de marzo de 2003 con la sentencia del Supremo, y además abrió una vía legal (penal) distinta e independiente a la de la Ley de Partidos, que ahora puede permitir a Grande-Marlaska prohibir la reunión multitudinaria de Batasuna.

Recurso

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que tras recibir los informes policiales se desplazó a la Fiscalía General para analizar el asunto con la cúpula de la carrera, no quiso ayer desvelar si el martes solicitará al juez la prohibición de la asamblea nacional de Batasuna. Por su parte, la AVT, la acusación particular en el sumario de Batasuna, reclamará a Grande-Marlaska que acuerde todas las medidas precisas para suspender el acto político de Barakaldo.

Las defensas del sumario de Batasuna presentaron ayer un recurso contra la providencia por la que el juez encargó el martes pasado a las fuerzas de seguridad informes sobre la coalición abertzale. Mantienen que Grande-Marlaska no puede tomar medida alguna contra el partido ilegalizado porque la suspensión de actividades acordada por Garzón no está vigente desde el 26 de agosto pasado.

El recurso no prosperará, ya que el juez aún no ha tomado medida alguna derivada de aquella medida cautelar y el martes subsanará este obstáculo con el decreto de nueva suspensión de actividades políticas por dos años. Es previsible que los letrados defensores se opongan el martes, durante la comparecencia judicial, tanto al nuevo acuerdo de suspensión como a cualquier medida destinada a impedir la celebración de la asamblea política.