La Audiencia Nacional se comprometió ayer con el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y con los decanos de los Colegios de Abogados de Madrid y Vizcaya, Nazario de Oleaga y Luis Martí Mingarro, a garantizar del derecho de defensa de los letrados defensores en el macrojuicio contra el entorno de ETA que se celebra en el pabellón de la Audiencia en la Casa de Campo de Madrid.

Los tres se reunieron ayer por la mañana, en representación de los abogados defensores, con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y posteriormente con el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, y la presidenta del tribunal que celebra la primera gran vista contra el presunto entorno de ETA, Ángela Murillo.

Obtuvieron el compromiso de que se «pondrán todos los medios» al alcance de la Audiencia Nacional para ordenar todos los documentos de los que consta la causa (las diligencias previas 75/89, además del sumario 18/98), y ponerlos a disposición de los letrados. Según afirmó Carlos Carnicer a la salida de las dos reuniones, los tres representantes de los abogados observaron «la mejor de las disposiciones para garantizar el derecho de defensa».

Preguntado por las actuaciones que se van a llevar a cabo para atender las solicitudes de los abogados en este macroproceso, Carnicer no supo concretarlas y afirmó que serán «todas aquellas que tecnológicamente permita que los letrados tengan el mejor conocimiento de los documentos que deseen conocer». Añadió que se intentará que los letrados dispongan de las copias «por lo menos necesarias» de las diligencias 75/89.

Resolver problemas

Carnicer calificó la reunión de «muy provechosa» y afirmó que tanto él como Oleaga y Martí Mingarro salieron muy satisfechos, al obtener el compromiso de que los problemas habidos y que se puedan presentar en este juicio «se van a resolver» cuando la vista comience de nuevo el próximo 30 de enero.

Por su parte, Nazario de Oleaga, decano de Vizcaya y presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, suscribió lo dicho por Carnicer y agradeció la disposición del presidente de la Audiencia para que los abogados cuenten con la «garantía de que se va a respetar efectivamente el derecho de defensa».

El miércoles el tribunal acordó suspender la vista durante 20 días con el fin de que los abogados defensores puedan disponer de más tiempo para estudiar las diligencias previas 75/89, recientemente incorporadas, y evitar así «cualquier atisbo de indefensión».

El pasado lunes, día en el que se reanudaba el juicio tras el «parón» de las fiestas navideñas, la abogada Arantxa Zulueta, en nombre de diez defensas, pidió la nulidad de la vista por no haber tenido tiempo suficiente para revisar el contenido de las esas diligencias en las que, argumentaron, se basan gran parte de las imputaciones.

Zulueta propuso en este sentido la suspensión temporal del macroproceso para poder tener un «control exhaustivo» de las diligencias, pero al negarse en un primer momento la Sala a sus pretensiones, la letrada pidió el amparo del Colegio de Abogados de Vizcaya.