La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que la empresa española EADS-CASA sustituirá la tecnología norteamericana de los 12 aviones militares que ha vendido a Venezuela, después de que Estados Unidos haya denegado la licencia para incluir sus sistemas de navegación en cada aparato. El Ejecutivo pretende así sacar adelante los contratos firmados entre el Ministerio de Defensa y la administración de Hugo Chávez. De la Vega señaló que, a pesar de la negativa estadounidense, esos acuerdos «están en vigor», por lo que «desde luego se deben cumplir».

El Gobierno de Rodríguez Zapatero «no comparte», sin embargo, las razones del actual Ejecutivo estadounidense para vetar la venta a Venezuela. La vicepresidenta primera negó que la adquisición por parte de Hugo Chávez de estos aviones vaya a contribuir a la «desestabilización de Latinoamérica», tal y como argumentó el jueves el embajador de Estados Unidos en Madrid, ya que, según insistió ayer De la Vega, las aeronaves «no tienen carácter ofensivo».

La empresa EADS-CASA debe evaluar ahora cómo sustituye los componentes norteamericanos -cerca del 50% de cada aparato-, que sobre todo afectan a los motores y los mecanismos de navegación. Representantes de las fuerzas armadas venezolanas creen que se podrían cambiar por componentes similares fabricados en Francia, Italia y Alemania. La sustitución, según reconocen los expertos, sería técnicamente posible aunque de un coste económico elevado, por lo que su rentabilidad económica es dudosa. Representantes del sector industrial y militar calculan que colocar los nuevos mecanismos costará a EADS-CASA más de 1,5 millones de euros por unidad, lo que supone que el gasto total oscilará entre 18 y 20 millones de euros para la empresa española.

El acuerdo entre los gobiernos de España y Venezuela contempla además la venta al país suramericano de ocho buques fabricados por Navantia (antes Izar), que no plantea problemas al no incluir material estadounidense.

Mil empleos

María Teresa Fernández de la Vega recordó que esos contratos, por un importe conjunto de 1.700 millones de euros, generarían trabajo para «un millar de personas» en un «sector tan castigado» como el de los astilleros y la aeronáutica.

El Partido Popular volvió ayer a criticar la venta de material militar a Venezuela y defendió la postura del Gobierno de George W. Bush al coincidir con su afirmación de que el Ejecutivo venezolano genera inestabilidad en Latinoamérica. Gustavo de Arístegui, portavoz del PP en la comisión de Exteriores del Congreso, resaltó que la noticia era fácil de prever y que Estados Unidos tiene derecho a impedir la transferencia de su tecnología a los países que desee.

Gobierno y oposición no fueron los únicos en valorar el tema. La embajada de Estados Unidos en Venezuela quiso subrayar que la decisión de negar la licencia fue tomada por el Gabinete Bush y no por miembros de la empresa norteamericana que fabrica esa tecnología. Al parecer, habría sido la propia secretaria de Estado, Condoleezza Rice, quien suscribió esta medida tras consultarlo con el departamento de Comercio y el Pentágono, al frente del que se encuentra Donald Rumsfeld.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respondió de manera airada al veto norteamericano y tachó la decisión de «un imperialismo horroroso» que el Gobierno de Washington «quiere imponer al mundo entero».