El Gobierno, los socios del tripartito catalán y CiU coincidieron en valorar como un paso trascendente para la aprobación de la reforma estatutaria el acuerdo alcanzado ayer sobre las competencias compartidas por la Generalitat y el Estado, que, en la práctica, rompe el 'blindaje' que pretendía el Ejecutivo de Pasqual Maragall. Este avance, sin embargo, será insuficiente para cerrar un pacto global antes del 21 de enero, como deseaba el PSOE para que José Luis Rodríguez Zapatero acudiera ese día a la reunión del Comité Federal con un arreglo bajo el brazo.

Los negociadores del PSOE y PSC, CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya mantuvieron durante cuatro horas en el Congreso su segunda reunión multilateral. Cada portavoz utilizó una metáfora distinta para explicar el acuerdo, pero todos subrayaron su importancia. La socialista Manuela de Madre habló de «la llave» que abre la puerta a la negociación de las competencias; Joan Herrera, de IC-V afirmó que «se levanta la piedra que estaba a la entrada del valle de las competencias»; y el nacionalista Josep Antoni Durán Lleida indicó que el acuerdo «tapona una de las vías de invasión y usurpación de competencias del Estatuto que el Estado ha venido practicando». Por esta razón, todos los asistentes calificaron la reunión de positiva.

El acuerdo modifica la composición del artículo 111 del proyecto, el que 'blindaba' las competencias de la Generalitat compartidas con el Estado. El nuevo texto establece que el Estado no podrá invadir competencias de la Generalitat salvo con leyes. Hasta ahora era frecuente que la Administración central, mediante decretos o medidas sin rango legal, se inmiscuyera en terrenos que eran potestad de las autonomías. Por ejemplo, una orden gu- bernamental en materia educativa podía, sin pasar por las Cortes, afectar a las competencias autonómicas en esa materia.

El artículo reformado precisa que habrá excepciones en «los supuestos que determinen la Constitución y el Estatuto». Esas salvedades, explicó el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se refieren a cuestiones de «sentido común» como, por ejemplo, las circulares del Banco de España o las asignaciones de frecuencias en el espacio radioeléctrico, pues sería «absurdo» elaborar leyes cada vez que hubiera una novedad en estas materias.

Más allá de cuestiones técnicas, los negociadores constataron que el trabajo va «bien», aunque «despacio». Durán Lleida explicó que se impone un cambio de metodología porque el sistema de reuniones bilaterales impide avanzar rápido y son más aconsejable los encuentros multilaterales. El republicano Joan Ridao culpó a los socialistas del «poco acierto metodológico», y el portavoz de Iniciativa lamentó que los contactos estén «atrapados en los tiempos y las prisas del PSOE». El socialista Rubalcaba alegó que no es culpa de su partido que se celebren pocas conversaciones a cinco bandas. La formación más reacia a éstas ha sido CiU.

Nuevo método

Sea por lo que sea, resultará imposible cerrar un acuerdo antes del 21 de enero, el plazo que manejaba Rodríguez Zapatero. Será el segundo pronóstico fallido tras el incumplimiento del anterior vencimiento, fijado para el 27 de diciembre. Rubalcaba negó en todo momento que hubiera puesto una fecha tope. Consideró, de todos modos, que la negociación está «madura», aunque el acuerdo será «complejo» porque requiere una conformidad a «cinco bandas».

Todos compartieron la necesidad de abrir una reflexión para buscar un nuevo método para la próxima semana, cuando se abordará uno de los asuntos más sensibles: la definición de Cataluña como nación. CiU, ERC e Iniciativa no parecen dispuestos a trasladar este concepto del articulado al preámbulo, lo que lo dejaría sin efectos jurídicos, aunque la federación que lidera Artur Mas abrió ayer la puerta a flexibilizar su postura.

Entre lo avanzado hasta ahora, existe un acuerdo sobre el traspaso a la Generalitat de nuevas competencias de consumo, cultura, agricultura, cooperativas, bancos y seguros, asociación y fundaciones. También convinieron la adaptación del texto estatutario a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con ese fin, los grupos catalanes se reunirán con el Ministerio de Justicia para pactar las enmiendas al proyecto gubernamental.

Los desacuerdos también persisten, y en materias no menores, como puertos y aeropuertos, cajas de ahorro, inmigración, horarios comerciales y convocatoria de referéndums, materia en la que el Gobierno garantizó que no va a ceder.