El número de buscadores de tesoros se ha disparado en Vizcaya y en toda España en los últimos años. Los grupos de 'detectoaficionados' -se hacen llamar así por las herramientas que emplean para localizar los metales- son cada día más numerosos. Si bien es cierto que en su gran mayoría no causan daños al patrimonio, hay quien aprovecha la tecnología para perpetrar auténticos expolios.

La ausencia de una legislación clara al respecto alimenta la proliferación de este pasatiempo. «No existe normativa que regule la venta y posesión, por lo que cualquier persona puede adquirir los detectores de metales que desee; no existe ninguna prohibición al respecto ni se necesita autorización», señalaba un informe del Seprona.

«Con todo -apunta el documento- , cualquier actividad de remoción en la superficie o subsuelo requiere de la pertinente autorización administrativa, máxime cuando se tratan de restos de interés cultural». Asimismo, los hallazgos «deberán ser entregados a las autoridades».

«El gran problema es que los restos de la Guerra Civil no están catalogados como Bien Cultural», señala el arqueólogo Jimi Jimenez, de la Sociedad Aranzadi. «No obstante, el hecho de remover así cadáveres debería ser suficiente motivo para denunciar el caso ante la Justicia».