El equipo de abogados de Altos Hornos de Vizcaya ha recurrido por segunda vez en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la catalogación del horno alto de Sestao como monumento. Su representante legal matizó que la empresa, que se encuentra en pleno proceso de extinción, apoya la conservación de la estructura «pero no puede asumir una restauración valorada en más de tres millones de euros, gasto al que se sumaría el posterior mantenimiento». Como solución 'salomónica' a un conflicto que se prolonga desde hace años, el letrado ha ofrecido formalmente la cesión gratuita del equipamiento al Gobierno vasco junto a 60.000 euros para iniciar los primeros trabajos que frenen su deterioro.

El Gobierno vasco declaró el horno alto monumento con el máximo nivel de protección en 1998, pero este decreto fue recurrido por AHV, Aceralia y el Ayuntamiento de Sestao. El primero es propietario de la estructura, la segunda titular del suelo y la institución local también se personó en el litigio al trastocar esta declaración los proyectos de reforma de la antigua pastilla industrial.

El TSJPV dictó en 2003 una sentencia firme que avalaba parcialmente las tesis de los recurrentes. En concreto, el juez obligaba al ejecutivo autónomo a incluir en el expediente de declaración una valoración económica de la conservación y rehabilitación, así como las posibles vías de financiación.

Cifras «ridículas»

El departamento de Cultura realizó el estudio y retomó la catalogación del horno en 2005. AHV, sin embargo, entiende «inadmisible» que cifre en 60.000 euros el coste de conservación para los próximos cinco años. «Es una cifra ridícula porque el informe pericial establecía en varios millones de euros cualquier actuación», recriminó el abogado de la empresa. El letrado también criticó que «en todo momento se atribuya al propietario de la estructura los trabajos a realizar, cuando defiendo a una empresa que ya no existe».

La solución definitiva al devenir del horno pasa, a juicio del despacho de abogados, porque las instituciones constituyan una fundación que asuma su titularidad y que podría incluir a empresas privadas. «Nos consta que el Ministerio de Cultura también está muy interesado en su conservación y lo ha incluido dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial», matizó.