El concepto de alarma social, que se utiliza sobre todo para reflejar la pretendida trascendencia mediática de determinados hechos, se ha manejado antes y después del pronunciamiento -el término parece adecuado- del general Mena durante la última Pascua Militar. Se ha dicho, quizá con mal medida frivolidad aunque sin duda con un fondo de razón, que la tormentosa negociación del Estatuto catalán ha generado 'alarma social' en la opinión pública. Después, se ha argumentado que la sanción al 'número dos' del Ejército de Tierra se ha debido a que su inequívoca amenaza ha suscitado 'alarma social'.

Estas líneas tratan de recoger una inquietud sobrevenida: la que proviene de ver cómo el 'caso Mena', un garrafal anacronismo que parece arrancado del siglo XIX, no provoca el unánime rechazo que sería la prueba del nueve de nuestra madurez democrática. Resulta inquietante observar cómo no falta cierta extendida comprensión hacia el gesto del militar.

La elaboración y negociación de la reforma estatutaria catalana han constituido una desaforada sinrazón. Ha habido lógica preocupación en la ciudadanía, pero no alarma. Y resulta presumible que lo mismo haya pasado en los cuarteles. Es, pues, falaz la excusa esgrimida por el general de que su amenaza pretendía traslucir un estado de ánimo. Los militares viven insertos en un tejido social que no está inquieto. Y si las cosas son así, habrá que concluir en que la condescendencia y la comprensión ante el histriónico ruido de sables constituye, más que el hecho mismo, la verdadera patología del sistema. Es inaceptable tratar de disculpar a Mena con el argumento de que se limitó a enunciar un precepto de la Constitución. El militar destituido enarboló de nuevo la teoría de la autonomía militar, la de la existencia de una 'reserva moral y de legalidad' del Ejército que entraría en funcionamiento cuando la autoridad civil se descarriase y la milicia así lo entendiese. Esta rediviva 'teoría del golpe de Estado' debió merecer, de entrada, el rechazo frontal y sin matices de todos los partidos políticos. Y sólo a posteriori podrían haber resultado legítimas las demás consideraciones.

No ha sido así. Con ligereza se ha descartado desde el primer momento la tentación de la unanimidad. La opinión pública ya pudo ver en el primer instante que el persistente choque de trenes iba también a mantenerse esta vez. Y por las fisuras abiertas de este modo se han colado las voces que, con inaudita procacidad, han salido en defensa del militar heterodoxo. La canción de los golpistas es vieja y conocida, y algunos la recordamos todavía desde los tiempos de Tejero. Lo triste es que, cuando creíamos haber hecho suficiente pedagogía, veinticinco años después de aquella 'gesta', también nuestros hijos tengan que escucharla. Las declaraciones leídas con motivo de la Pascua Militar por el teniente general Mena han terminado por no parecerle «inevitables» ni siquiera al portavoz del PP Gabriel Elorriaga, quien se había anticipado a emplear ese adjetivo el mismo día de autos con el presumible deseo de sugerir que el Gobierno socialista estaba colmando el vaso de la paciencia castrense. Elorriaga, al día siguiente, dijo que «nunca el PP ha tratado de asumir ni de respaldar que un militar haga declaraciones políticas». En la misma línea se situó Rajoy a los tres días justos del suceso, aunque después lanzó una pregunta de sintaxis envenenada. «¿Qué ha ocurrido para que hayan tenido que hacerse esas declaraciones?», se preguntó Rajoy, abocetando una situación política perturbadora. Pero, ¿han tenido que hacerse realmente o podrían haberse evitado? El 'hayan tenido que hacerse' indicaría que eran ineludibles.

Según el PP, quienes deben responder ante el Parlamento de las declaraciones del teniente general Mena son el ministro de De- fensa y el presidente del Gobierno. Pero en la generalidad de los partidos se subraya cierta ambigüedad en las declaraciones del PP, por lo que sería esta formación la que debiera explicarse. El asunto se ha convertido por el PP en un nuevo instrumento para alancear al Gobierno, aunque en esta ocasión no parece que vaya a producirse ningún deterioro, ya que la sociedad española recuerda el gravísimo problema militar que padeció el país en los dos últimos siglos.

Por las cartas de ánimo de militares en la reserva, se tendría la impresión de que el teniente general Mena atrae la simpatía de muchos de sus compañeros no precisamente en activo. Este juego de adhesiones epistolares ya se dio a fines de los años 70 y principios de los 80 para crear la imagen falsa de un Ejército golpista. Pero Mena no es más que un infractor de la disciplina militar, por lo que sufre arresto domiciliario y cese en su cargo. Asegura Bono que el teniente general es un grano que no hace granero, y desde algunos partidos se recomienda al PP que en su estrategia de desestabilización política no utilice argumentos que puedan suponer una desestabilización democrática. La libertad sirve para que pueda hablarse de todo, pero los textos que se negocian y debaten no son definitivos hasta que el BOE los publica. Y para velar por su encaje en el marco de la Constitución hay un tribunal, el Constitucional, contra cuyo dictamen no hay ley ni estatuto que valgan. Es posible que el teniente general Mena tenga más fe en la contundencia de las armas que en las sentencias judiciales, pero éstas son las únicas que funcionan en nuestra democracia.