El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la inadmisión a trámite de la querella por un delito de prevaricación que presentó ayer Batasuna contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska , que ha ordenado la suspensión de actividades por dos años de la formación ilegalizada. Así lo establece la Sala de lo Penal del TS en un auto hecho público hoy, que explica que se rechaza la citada querella "al considerar que los hechos objeto de la misma no son constitutivos de delito".

La querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande- Marlaska , fue interpuesta por Batasuna alegando que la decisión del juez de revisar la suspensión de actividades de la formación, que caducó el pasado verano, era premeditada e injusta.

El Alto Tribunal argumenta que el auto del juez en el que acordó pedir información a la Policía y a la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades de carácter político por parte de Batasuna, tildado de "resolución injusta y prevaricadora" por la formación ilegalizada, "es una aplicación correcta de los artículos 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 129.2 del Código Penal, toda vez que se deriva de una interpretación literal de dichas disposiciones". "Por lo tanto, no puede configurar una resolución injusta", indica.

Actuar de "forma impropia"

En la querella Batasuna argumentaba que Grande- Marlaska "se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación, y es a ese impulso al que obedece su actuación". Además, indicaban que "el querellado primero actúa por impulsos ajenos a su propia función o potestad jurisdiccional".

"A la vista de una presión política inaceptable, que le exige actuar, ha sido consciente del error cometido desde su punto de vista al no haber actuado con diligencia y no haber prorrogado una medida cautelar que habría caducado y perdido efectividad hace meses", agregaban.

Para Batasuna, en esa situación el juez "ha decidido actuar de forma impropia, contrariando la propia letra de la Ley, en un claro fraude de Ley y abuso de derecho, forzando y retorciendo una norma legal para aplicarla de forma torticera en una situación a la que no es aplicable, y usando para ello de su posición jurisdiccional para tratar de imponer una situación de hecho inaceptable que no permita una corrección efectiva en el futuro, pues el daño causado sería de imposible reparación".