Vuelta a empezar. Sin esperar siquiera a que las Juntas Generales de los tres territorios históricos ratificasen los decretos forales que fijaron el tipo del Impuesto de Sociedades en el 32,6%, la Federación de Empresarios de La Rioja y el propio Gobierno de esa comunidad han acudido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con un 'incidente de ejecución de sentencia', en el que piden la nulidad y la suspensión cautelar del nuevo tributo.

Seguimos donde estábamos y nos ocurre lo mismo que sucede en los laboratorios con los experimentos de física: si repetimos los mismos procesos en idénticas condiciones ambientales, obtendremos siempre unos resultados iguales. Es evidente que la diferencia de tipos existente entre la normativa foral y la común no distorsiona para nada el funcionamiento de la unidad del mercado, ni altera las condiciones normales de la competencia. Para justificar esta rotunda afirmación se pueden hacer muchos cálculos complejos o limitarse a pedir la relación de empresas riojanas que se han trasladado al País Vasco en busca de un Impuesto de Sociedades más benévolo. Pero también es cierto que los argumentos encontrados y utilizados por los jueces para declarar ilegal el 32,5% anterior servirán ahora para llegar a la misma conclusión con el 32,6% aprobado en las pasadas Navidades.

Creo que, con ésta, son ya unas setecientas las veces que me repito. Lo siento de veras, pero no hay más remedio que insistir una más: este problema es irrelevante desde el punto de vista de la economía y muy sensible para la óptica política. Por eso es ahí, en el terreno de la política, donde radica el problema y donde hay que buscar la solución. Los jueces no la tienen y los empresarios riojanos, al parecer, no la quieren.