Desde que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón anulara en agosto de 2002 la actividad de Batasuna y, posteriormente, el Tribunal Supremo la ilegalizara en marzo de 2003, todos los actos públicos patrocinados o relacionados con la formación abertzale han generado desconcierto y momentos de tensión. Distintas instancias judiciales y el Departamento de Interior del Gobierno vasco han tenido pronunciamientos absolutamente contrapuestos respecto a convocatorias prácticamente idénticas. La disparidad es tal que en muy pocos de los eventos que Batasuna ha organizado -o a los que se ha sumado expresamente- ha existido un criterio único en la Justicia o en la Administración sobre cómo actuar respecto a la coalición ilegalizada. Éste es el repaso a algunos de ellos.

ACTOS PÚBLICOS

El precedente de Anoeta

El caso más evidente de la falta de un criterio estable respecto a los actos convocados por Batasuna está fechado el 14 de noviembre de 2004. Ese día, la organización ilegalizada celebró un mitin en el velódromo de Anoeta, anunciado semanas antes, sin que ninguna autoridad judicial o administrativa se planteara su suspensión y tan sólo el PP recordase que el partido ya no era legal. El propio Otegi ironizó sobre esta situación al iniciar su discurso: «Un partido ilegal con un portavoz ilegal celebra un acto ilegal», se jactó ante su militancia. Durante la cita se distribuyó el zutabe -boletín interno de ETA- , se jaleó a la banda y se mostraron las fotos de los presos de la organización. Días más tarde, en distintas instancias comenzó a barajarse la posibilidad de que la reunión no hubiera sido legal y la Fiscalía General del Estado encargó un informe sobre los hechos. Poco más de un año después, un acto idéntico al de Anoeta -el del BEC- ha sido prohibido.

LAS MANIFESTACIONES

Prohibiciones y autorizaciones

Las manifestaciones convocadas por Batasuna desde su suspensión han corrido la suerte más dispar. El caso más paradigmático se produjo el 14 de septiembre de 2002, cuando la Ertzaintza cargó contra una multitudinaria manifestación celebrada en Bilbao y que había sido expresamente prohibida por el juez Baltasar Garzón en un auto. El Gobierno vasco pidió posteriormente disculpas a los «ciudadanos de buena fe» que habían acudido a la marcha, en la que hubo heridos, y se querelló contra Garzón por una supuesta prevaricación.

A partir de ese momento las circunstancias en las que se han desenvuelto las marchas de la izquierda abertzale han sido muy diversas. En agosto de 2003 se produjo uno de los momentos más claros respecto a esta situación. El día 10, Interior prohibió una manifestación auspiciada por Batasuna en San Sebastián pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la autorizó. Durante el acto se gritaron vivas a ETA. Cinco días más tarde, Interior volvió a prohibir una marcha de Batasuna en la misma capital. En esta ocasión, los jueces cambiaron su criterio y respaldaron a Interior al entender que podría haber incidentes. Pese a la suspensión, los manifestantes modificaron el itinerario y desfilaron por otras calles. Una semana después, un ciudadano sin vinculación a Batasuna convocó una tercera marcha en Bilbao y Arnaldo Otegi llamó a participar en el acto. Esta vez, Interior lo autorizó, al entender que prevalece el derecho de los ciudadanos a manifestarse y ya no existía riesgo de disturbios.

Un caso similar se produjo días más tarde, cuando Batasuna organizó formalmente concentraciones ante sus sedes para recordar el año de su ilegalización. En San Sebastián y Bilbao, donde los actos no habían sido comunicados, la Ertzaintza obligó a los manifestantes a que se alejasen de las sedes y entonces permitió el acto. En Vitoria, donde sí existía una comunicación, se prohibió en aplicación del auto del juez Garzón y la Policía vasca empleó material antidisturbios para alejar a los concentrados.

NAVARRA

Denuncias de fraude de ley

En Navarra, el Tribunal Superior de Justicia comenzó a dictar suspensiones de manifestaciones de Batasuna o su entorno en 2003. En marzo del año pasado, la formación intentó celebrar el Aberri Eguna en Pamplona pero la Delegación del Gobierno lo prohibió. Según esta instancia, un ciudadano había solicitado la autorización pero ello suponía un «fraude de ley» para intentar burlar la ilegalización, ya que Batasuna había apoyado en público el acto. Los jueces ratificaron esta postura teniendo en cuenta los precedentes registrados en el País Vasco. El día del Aberri Eguna, la Policía cargó contra los simpatizantes de la coalición. En junio, Batasuna volvió a convocar una marcha en la capital navarra que, de nuevo fue prohibida. En esta ocasión, los dirigentes radicales desconvocaron el acto «para evitar que se produzcan heridos».