Los negociadores del Gobierno, PSOE, CiU, PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya se encerrarán desde hoy hasta el viernes en el Congreso para intentar cerrar un acuerdo sobre la reforma estatutaria. La primera reunión se centrará en el capítulo competencial, y en los días sucesivos abordarán la financiación y la definición de Cataluña. Las fuerzas catalanas, por su parte, celebraron ayer una nueva reunión en la que coincidieron en la necesidad de «mantener la unidad», pero discreparon sobre la última propuesta del PSOE, oscilando sus posturas desde la satisfacción del PSC hasta el rechazo de CiU e IC-V.

«A negociar hasta que el cuerpo aguante». Un dirigente socialista explicó así la tarea que aguarda a los negociadores en las próximas 72 horas. El primer encuentro será de carácter técnico, sin presencia de los líderes de los partidos, y estará dedicado a perfilar la redacción de los artículos que van del 113 al 173, que detallan las competencias de la Generalitat. Fuentes de la negociación apuntaron que tras el acuerdo sobre la definición de las competencias compartidas, alcanzado el pasado viernes, no debería haber grandes problemas para poner «en negro sobre blanco» qué corresponde gestionar al Estado y qué al Gobierno autonómico.

Las partes mantienen desacuerdos en varias áreas. Una de las más relevantes es el traspaso de las competencias de inmigración -las fuerzas catalanas pretenden que la Generalitat gestione la concesión de permisos de trabajo y el Gobierno quiere conservar esa potestad-. Persisten también las diferencias en materia de cultura, ordenación del territorio, seguridad o educación.

Cerrado este capítulo, entrarán en liza los líderes de los partidos para abordar uno de los dos grandes obstáculos, la financiación, un terreno en el que casi todo son discrepancias. No existe acuerdo sobre la Agencia Tributaria, y tampoco sobre el porcentaje de cesión de impuestos, pero sobre todo hay una diferencia abismal sobre la filosofía: el Gobierno se niega a traspasar la recaudación y gestión de los impuestos, pero las fuerzas catalanas sostienen que sólo de esa forma habría un cambio de modelo.

El segundo gran escollo es la definición de Cataluña. El Ejecutivo, el PSOE y el PSC están decididos a que se reconozca «el sentimiento nacional» catalán, pero en el preámbulo del texto para que no genere efectos jurídicos, mientras que CiU, ERC e IC-V se mantienen firmes en que figure en el articulado.

«Confusión»

El presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera garantizaron ayer que la definición se incorporará en la introducción del texto. En su intervención en el Foro ABC en Madrid, María Teresa Fernández de la Vega subrayó que el concepto de 'nación' no estará en el articulado porque «podría inducir a la confusión» y chocaría con la Carta Magna, que establece que la nación es España. En el mismo sentido, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que «jurídica y constitucionalmente» lo más «correcto» es que el término se reserve para España.

No obstante, el jefe del Ejecutivo cree que reconocer el «sentimiento nacional» de Cataluña no tiene por qué afectar al modelo de Estado. Zapatero recordó que la Constitución habla en su preámbulo de los «pueblos de España» y en los títulos siguientes de «pueblo español». «Si no parece que eso sea una gran contradicción no tendría por qué serlo algún tipo de reconocimiento del sentir catalán en el Estatuto», añadió.

Con este panorama de discrepancias, es improbable que se cierre un acuerdo antes de la reunión del comité federal socialista del sábado, como pretenden el Gobierno y el PSOE. Es más, en CiU y en ERC ven difícil incluso que el pacto se materialice la próxima semana. El escenario más probable es que sólo se alcance un acuerdo de principios y que el trabajo final quede para la ponencia de la Comisión Constitucional que se reunirá en febrero.