El Gobierno de La Rioja y la Federación de Empresarios de esa comunidad han presentado un recurso contra el nuevo Impuesto de Sociedades del País Vasco, establecido desde finales de diciembre en el 32,6%, y han solicitado al tribunal Superior la suspensión cautelar de la normativa aprobada por las diputaciones. Se trata, en síntesis, de una iniciativa similar a la que adoptaron a mediados del pasado año y que desembocó en la suspensión efectiva del tipo de gravamen vigente hasta entonces: el 32,5%. El Ejecutivo de Castilla-León también anunció recientemente su intención de emprender acciones judiciales en la misma línea.

La reclamación del Gobierno y de la patronal de La Rioja se sustenta en la sentencia dictada por el Supremo en enero del pasado año, en la que ilegalizó el Impuesto de Sociedades vasco al estimar que se alejaba demasiado del que se aplica en el resto de España. Una distancia que, en opinión del Alto Tribunal, puede calificarse como «ayuda de Estado» en la aplicación de las normativas de la Unión Europea. Así, los recurrentes creen que el nuevo gravamen, ese 32,6% recién aprobado por las diputaciones forales, es también una «ayuda de Estado» y supone un manifiesto incumplimiento del fallo.

A pesar de la tormenta de recursos desatada sobre la fiscalidad de las empresas vascas, las diputaciones forales defienden que no hay inseguridad jurídica para las empresas. Según su interpretación, el 32,6% ahora recurrido estaba vigente el día 31 de diciembre, fecha en la que se produce el devengo del impuesto que grava los beneficios de las compañías. Las sociedades mercantiles que tienen su sede en Euskadi, según esa interpretación, podrán aplicar ese cuando realicen su liquidación fiscal -a finales del próximo mes de julio-, incluso en el supuesto de que el Tribunal Superior acceda a la petición de una suspensión cautelar.

Por otra parte, los ejecutivos forales confían en que el Constitucional -ante el que recurrieron para intentar anular la sentencia del Supremo- pueda poner un poco de orden en esta polémica judicial. Así, creen que el pronunciamiento reciente de un abogado general del Tribunal de la UE -una figura similar a la del fiscal-, que respaldaba la existencia de un régimen fiscal diferenciado en el País Vasco, puede ser determinante para terminan con esta polémica.

Malestar empresarial

Mientras, las patronales de Vizcaya y Guipúzcoa mostraron ayer su malestar por la iniciativa de sus 'colegas' riojanos. Tanto Cebek como Adegi coincidieron en rechazar la estrategia de presentación de recursos judiciales contra las normas forales vascas. Incluso, animaron a los empresarios de La Rioja a variar su estrategia. «En vez de pelear contra un tipo impositivo del 32,6%, que está en el nivel más alto de Europa, deberían hacerlo por tener una fiscalidad más baja, que es precisamente lo que está sucediendo en el resto de la UE», declaró José María Ruiz Urchegui, secretario general de Adegi.

En similares términos se expresó su homólogo de Cebek. Francisco Javier Azpiazu recordó que «han sido muchos los empresarios vascos que han invertido en esa comunidad» y han contribuido a crear empleo y riqueza en ella, por lo que aseguró no entender «esta beligerancia constante» contra el sistema fiscal vigente en Euskadi.