La propuesta que el alcalde Iñaki Azkuna lanzó el martes de aumentar las identificaciones y cacheos preventivos en zonas conflictivas de la ciudad para combatir el uso de armas blancas desató ayer opiniones encontradas. La mayoría de las voces coinciden en poner en cuestión la legalidad de la medida al dejar al libre criterio del agente de Policía la consideración de alguien como sospechoso.

Enrique Abad, del Sindicato Vasco de Policía (SVP), con representación en la Policía Municipal de Bilbao, recuerda que «para parar a alguien en la calle tiene que haber un motivo, una sospecha de que ha participado en un hecho delictivo o de que va a hacerlo». «Luego, los que tenemos que ir al juzgado y argumentarlo somos los guardias, no los políticos», sostiene el representante sindical. No obstante, Abad ve «positivo» «retirar las armas de la calle, sean blancas o de fuego. Quitándolas, eliminas también la posibilidad de que haya muertos. Nadie necesita llevar una navaja en el bolsillo, porque al final en un conflicto puedes llegar a usarla».

Para la portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia en Bilbao, Beatriz García Celaá, «habría que delimitar qué se entiende por sospechoso» para evitar que puedan darse «abusos de autoridad». En esta misma línea se posiciona el portavoz de la Asociación de Vecinos de Bilbao la Vieja, Fernando Bilbao. «¿Quién es sospechoso de llevar una navaja? La respuesta queda en el criterio único del agente y servirá para facilitar episodios de racismo institucional porque el policía no va a identificar a un bilbainito de pro sino, seguramente, a un inmigrante», aventura.

En opinión de Bilbao, «para acabar con la delincuencia hay que eliminar las diferencias sociales y trabajar en nuevas formas de ocio y cultura para los jóvenes». «Se trata de una nueva muestra de populismo del alcalde y sólo a base de policía no puede salir nada bueno», sentencia.

Peligrosas y utilizadas

Respecto al impulso a una reforma del reglamento de armas para endurecer el castigo de la tenencia de navajas y cuchillos, Enrique Abad (SVP) lo considera «beneficioso para la sociedad». «Recrudecer las penas y establecer sanciones más graves puede hacer que la gente se lo piense antes de salir con una en el bolsillo».

Para la portavoz de Jueces para la Democracia, con experiencia en la jurisdicción penal, «las armas blancas son peligrosas, pueden causar la muerte, y además muy utilizadas», aunque apuesta por medidas de «carácter civil» como que los establecimientos públicos, como las discotecas, instalen detectores de metales en la entrada. «Están previstas sanciones administrativas para estos casos y habrá que aplicarlas», defiende. Según García Celaá, considerar delito la mera posesión de armas blancas rompería «el principio de mínima intervención del derecho penal».

En cualquier caso, «identificaciones de sospechosos se han hecho siempre y se seguirán haciendo», advierte Abad. «Antes de que el alcalde dijera nada un compañero paró la semana pasada a una furgoneta en la calle Autonomía y decomisó a los ocupantes dos cuchillos de cocina, cuatro navajas y una caja con cutters». «Actualmente se puede pedir el DNI a todo el mundo e incluso te pueden llevar a dependencias policiales si no puedes identificarte», aclara García Celaá.