Tras veinte años de batalla judicial, los ganaderos de la pedanía castreña de Ontón ven la luz al final del túnel. Con todas las sentencias a su favor, los propietarios de las vacas buscan ahora la forma de cobrar las indemnizaciones. Atrás quedan los largos días de sufrimiento por la muerte continua de las vacas. «Hemos vivido una auténtica pesadilla. Nos sentíamos totalmente impotentes porque no podíamos hacer nada para salvar a los animales», rememora Jesús Sierra, uno de los propietarios de reses y que cuenta actualmente con un establo compuesto por 55 cabezas de ganado. «El 90% está infectado», sostiene.

Dientes y huesos se ven afectados por la fluorosis. El debilitamiento de las vacas contaminadas es progresivo y acaba por causar el fallecimiento prematuro de los animales. «Se les acorta la vida a la mitad y luego no queda otro remedio que malvender la carne para al menos sacar un poco de dinero», explica Sierra. «Ahora mismo tengo un ternero de dos años que parece de seis meses. Las vacas sufren un verdadero calvario hasta morir», se lamenta este vecino de Ontón, que interpuso la demanda junto a otros cinco ganaderos.

A pesar de contar con un fallo judicial que les da la razón, los afectados no están conformes con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para el cobro de las indemnizaciones. «Son unas condiciones leoninas», subraya Jesús Sierra. Para acreditar que las vacas tienen fluorosis, es necesario que el ganado esté censado en la zona y haya muerto. Una vez identificado el cadáver, veterinarios de la consejería de Agricultura del Gobierno de Cantabria deben examinar al animal y diagnosticar la enfermedad en base a la cantidad de flúor detectado en el organismo. «El proceso es muy largo y complejo», se quejan los ganaderos. Eso sí, la resolución judicial determina que el dinero a percibir por cada vaca contaminada se ajustará al precio que alcanzaría la carne en el mercado.