El plan especial diseñado por el Gobierno vasco para la reordenación y expansión del puerto de Ondarroa contempla derribar la actual Cofradía de Pescadores y construir un nuevo edificio en forma de 'L', tras la remodelación de los muelles existentes frente a Itsas Aurre, para ubicar la nueva lonja de pescado. Al menos, esa es la propuesta que ha trasladado recientemente el Ejecutivo autonómico a diversos agentes implicados en la actividad pesquera.

El departamento de Transportes y Obras Públicas propone solucionar así el actual incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de manipulación de pescado con unas instalaciones preparadas para integrar tanto al sector de bajura como al de altura.

El anteproyecto recoge la utilización total de cerca de 22.000 metros cuadrados de superficie para levantar un edificio que, además de la lonja para la venta directa de las capturas, dispondrá de una torre interior donde se instalarán las oficinas y servicios generales de la dársena.

«El lado que mira a Itsas Aurre tendrá sótano y una sola altura para reducir el impacto visual», detalla el plan. La partida presupuestaria asignada para esta actuación alcanza los 11,5 millones de euros, mientras que los trabajos de infraestructura que se necesitan para localizar la lonja superan ligeramente los 5,1 millones.

Otra de las actuaciones básicas incluidas en el plan especial es la de crear una explanada exterior junto al dique actual con el fin de ampliar la zona portuaria. El nuevo área industrial, que recibirá el nombre de Itxas Industrialdea, permitirá acoger en 26.000 metros cuadrados a las industrias auxiliares y de servicios vinculados a la propia actividad pesquera.

La expansión proyectada se completará con la prolongación del dique de abrigo en 220 metros para mejorar sus condiciones de resistencia, en especial, en jornadas de fuerte oleaje.

Antecedentes legales

Para el inicio de las obras, el Gobierno vasco debe tramitar y aprobar el plan especial. Precisamente, el incumplimiento de ese trámite provocó hace seis años que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligase al mismo Ejecutivo autónomo a paralizar los trabajos de relleno que había comenzado para levantar la lonja.

La Dirección de Puertos confía en evitar que se repita esta situación por lo que busca alcanzar un consenso entre los distintos agentes sociales implicados en la actividad pesquera. El Ayuntamiento, así como responsables del sector de altura y bajura, y comercializadores disponen ahora de la posibilidad de presentar las alegaciones que estimen oportunas. El Gobierno vasco prevé finalizar todo el proceso para verano de 2007.