La Audiencia Nacional acordó anoche suspender hasta el próximo martes el traslado de los 'papeles de Salamanca' a Cataluña. En una resolución dada a conocer pasadas las 23.00 horas de ayer, el tribunal acepta así la petición del Ayuntamiento de la capital charra para que los documentos de la Generalitat no sean devueltos. El próximo martes, la Audiencia Nacional ha citado a los abogados de las partes para decidir si levanta el bloqueo.

La decisión judicial se produjo al término de una jornada en la que también el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de la Junta castellano-leonesa contra la Ley de Restitución de los documentos a Cataluña. Los legajos recogidos el pasado jueves en la sede del Archivo de la Guerra Civil se guardan por ahora en Madrid, en una cámara acorazada del Ministerio de Cultura.

En su recurso, la Junta castellano-leonesa también reclamó la suspensión cautelar del traslado. El Constitucional abre un proceso de estudio separado de esa demanda y da quince días de plazo a las partes para que aleguen lo que estimen conveniente. Mientras que la Junta y Ayuntamiento salmantino valoraron de manera positiva estas iniciativas, los socialistas advirtieron de que se trata de trámites rutinarios que no prejuzgan la decisión de fondo.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció ayer mismo en Murcia que su departamento presentará «alegaciones, como en todos los recursos», ante el Tribunal Constitucional. En esta línea, Calvo recordó igualmente que «todos los recursos y tentativas de protección jurisdiccional que han tenido el Gobierno de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca han resultado en contra de sus peticiones». Destacó que el alcalde salmantino, Julián Lanzarote, «recibió el miércoles dos autos denegándole las pretensiones jurídicas que tenía, y la única ley suspendida en este asunto es una ley de Castilla y León por un recurso del Gobierno de la nación».

Iñaki Anasagasti exigió ayer en el Senado la «inmediata devolución» de los documentos incautados durante la Guerra Civil a las instituciones vascas que se encuentran en Salamanca. Por su parte, una fundación del PNV mantiene también en su poder documentos de las instituciones vascas, cuya devolución le ha sido reclamada por Aldaketa y el PP.