Pasando por encima del aumento del mínimo exento, de la rebaja del tipo máximo, de la equidad 'revisada al alza' de los instrumentos de ahorro, de las modificaciones de las deducciones familiares y de la lentísima rebaja del Impuesto de Sociedades, el elemento que me resulta más llamativo de esta sensato y previsible propuesta de reforma fiscal elaborada por el Gobierno es la aparición en escena de los seguros de dependencia.

Los problemas estrictamente derivados del envejecimiento natural y de la falta de actividad laboral, y las carencias del sistema público habían quedado paliados por las ventajas concedidas a los planes de pensiones. Ahora, se trata de ayudar a solventar los problemas económicos que causa la dependencia. Según se prolonga la esperanza de vida de las personas, crecen las necesidades de ayuda externa, para el aseo, la limpieza, la compañía, los traslados, etc; y, en consecuencia, se eleva, a veces de forma astronómica, el coste de vivir. No sé si es algo bueno o malo, pero a partir de un cierto límite la vida se encarece según se prolonga.

Por eso es una buena idea la que ha tenido el Gobierno de equiparar el tratamiento fiscal de los productos que tratan de responder a la necesidad de dependencia con los que intentan evitar los males económicos del retiro laboral. También lo es, aunque a mí me resulte doloroso, el que se hayan limitado las aportaciones exentas que podemos hacer las personas que vemos cómo se aproxima velozmente en el horizonte la raya de la jubilación.

Lo que no me parece bien -y creo que el Gobierno ha hecho aquí un ejercicio de avaricia recaudatoria- es que sume las cantidades que se pueden desgravar cuando se dotan la dependencia y la jubilación. Dos conceptos que no son sustitutivos en la vida real, así que no tienen po qué ser acumulativos en su tratamiento fiscal.