El proyecto de reforma fiscal aprobado ayer por el Consejo de Ministros, del que quedan al margen País Vasco y Navarra -aunque la norma del territorio común siempre tiene un valor comparativo y referencial-, incorpora novedades y mejoras significativas, entre las que destacan la reducción de los tramos y el aumento del mínimo exento, pero se queda lejos de las necesidades de la economía española. De aplicarse en 2008 el proyecto presentado, las deducciones en las rentas más bajas y las consideraciones de la situación familiar favorecerían a las rentas del trabajo, desaparecería el impacto distinto que la fiscalidad tenía sobre los diferentes productos del ahorro al gravarse todos por igual, bajaría el tipo máximo de las personas físicas en un punto porcentual, se discriminaría a favor del rescate gradual de fondos de pensiones para que éstos no se usasen como un instrumento de simple ahorro, se favorecerían los seguros de 'dependencia' y se bajaría en cinco puntos el tipo de sociedades. Aún así, el documento presentado adolece de falta de audacia, especialmente por no haber unificado los tipos impositivos. Los responsables económicos del Gobierno han estado lanzando globos sonda, midiendo sus fuerzas y finalmente han decidido distanciarse de su propio programa electoral y no alterar sustancialmente la situación, ante las incertidumbres que despiertan los procesos políticos abiertos.

La pérdida de libertad económica de España -seis puestos en dos años- encuentra una de sus causas en la alta presión fiscal y el excesivo gasto público, tanto del Gobierno central como de los de las comunidades autónomas. El rápido incremento de éste, además, alimenta la inflación. Y esto no sólo pone en desventaja a los exportadores españoles, sino que redistribuye el ingreso -especialmente a favor del Estado- y aumenta de manera disfrazada el nivel impositivo. Cabía esperar una rebaja general más amplia que viniese acompañada, además, de una reducción del gasto y un programa de reformas para atajar la inflación. Como en casi todos los problemas económicos españoles, en éste también son las ataduras políticas las que impiden tomar las decisiones más coherentes.