Las acusaciones por los supuestos vínculos de varios legisladores y aspirantes a diputados de dos partidos políticos afines al presidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares han sacudido el panorama político de Colombia y han provocado una purga entre los uribistas. De momento, Cambio Radical y el Partido de la U excluyeron de sus filas a cinco candidatos a la reelección de las legislativas que se celebrarán el próximo 12 de marzo por sus presuntas relaciones con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y junto con el Partido Liberal, investigan las fuentes de financiación de cinco de sus senadores.

El Partido Conservador, en previsión de males mayores, pedirá una declaración jurada en la que sus aspirantes garanticen que no tienen problemas con la Justicia.

La oposición de Uribe siempre ha criticado la «excesiva tolerancia» del mandatario con los integrantes de la guerrilla militarizada de extrema derecha. El gobernante, para alejar cualquier duda, ordenó una investigación sobre la financiación de las campañas electorales.

El Gobierno respaldó en un comunicado la decisión de los partidos, añadiendo que los expulsados no deberían estar en ninguna otra lista de aspirantes al Congreso. Además, advirtió a los jefes guerrilleros que perderán sus beneficios si interfieren en la campaña.

Escaños sospechosos

Hace años, el líder paramilitar Salvatore Mancuso dijo en el Congreso que los paramilitares habían logrado el 35% de los escaños parlamentarios de este periodo (2002-2006). «Estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las AUC. Hay que recordar que nosotros mismos éramos el poder en esas regiones cuando no había nadie». Pero aclaró que «no tenían empleados o subalternos o congresistas que reciban órdenes».

Por otra parte, al menos 2.500 paramilitares se desmovilizaron ayer en el departamento colombiano de Antioquia, en la mayor entrega de irregulares de ultraderecha desde que empezaron las conversaciones de paz con el Gobierno, a finales de 2003. En esta ocasión, se deshicieron de sus armas y un helicóptero los integrantes del Bloque Mineros de la AUC, entre ellos 40 mujeres, en una finca de Tarazá, a 600 kilómetros al noroeste de Bogotá.