El desafuero del que fue objeto ayer el ex dictador Augusto Pinochet, cuando la Corte de Apelaciones le quitó su inmunidad judicial por trece votos contra cinco, es el cuarto que recibe desde que abandonó el poder en 1990, pero tiene una peculiaridad: se trata del primero que se funda en torturas sufridas por víctimas de la dictadura que lideró durante diecisiete años en Chile.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es apelable ante el Tribunal Supremo, deja al general retirado en condiciones de ser procesado como cualquier ciudadano sin privilegios, pues existen antecedentes suficientes que dan cuenta de su responsabilidad en 36 secuestros y 23 casos de detenciones ilegítimas cometidos en el interior de Villa Grimaldi, uno de los más grandes campos de detención y tortura instalado por el régimen.

Ubicada en las faldas de la cordillera al este de Santiago, en la comuna de Peñalolén, y hoy convertida en el Parque por la Paz en memoria de las víctimas, Villa Grimaldi estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del general Manuel Contreras, quien respondía a órdenes directas de Pinochet. Precisamente, allí fue donde permaneció arrestada la recientemente electa presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet.

Antecedentes

Este último fallo deja el camino libre para que el juez Alejandro Solís, a cargo del caso, continúe sus indagaciones e interrogue al ex dictador. Fuentes judiciales indicaron que la contundencia de los antecedentes anticipa que lo más probable es que el magistrado ordene su procesamiento y arresto.

Este desafuero se suma a los que actualmente enfrenta el ex hombre fuerte de Chile por otras causas: 'Operación Colombo' -119 detenidos desaparecidos-, las cuentas del Banco Riggs -evasión tributaria y falsificación de documentos, además de malversación de fondos públicos- y la 'Caravana de la Muerte', de la que fue sobreseído por motivos de salud.