El Gobierno apremió ayer a los partidos nacionalistas a responder a la oferta final del PSOE sobre el Estatuto de Cataluña, a más tardar, la próxima semana. Después de año y medio de discusiones en Barcelona y otros cuatro meses en Madrid, María Teresa Fernández de la Vega expresó el hartazgo del Ejecutivo central.

Por primera vez desde que el proyecto llegó a las Cortes, la vicepresidenta hizo una declaración institucional sobre el Estatuto después del Consejo de Ministros. Tras dedicar buenas palabras al trabajo de todos los partidos y asegurar que en La Moncloa confían en las posibilidades de acuerdo, lanzó una clara advertencia: «El tiempo está prácticamente agotado».

El hastío empieza a hacer mella en el Ejecutivo, cansado del desgaste, de los esfuerzos y del tiempo dedicado a la reforma estatutaria. Ayer, el Consejo debatió la marcha de las conversaciones y todos los ministros convinieron en la necesidad de que ningún aspecto del texto sea de dudosa constitucionalidad. Según Fernández de la Vega, los 16 miembros del gabinete, también José Bono, mantuvieron una posición «unánime».

Los negociadores gubernamentales quieren pensar que las conversaciones se aproximan a su «punto final». En la tarde de ayer presentaron a sus interlocutores su propuesta definitiva, redactada por el jefe de la delegación socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras numerosas reuniones y llamadas.

Un documento que no define a Cataluña como nación, sino que reconoce en el preámbulo ese sentimiento, y que tampoco colma las demandas del cuatripartito en financiación, pero sí contempla importantes traspasos. Unas competencias que, según la portavoz gubernamental, podrán pedir otras autonomías en sus reformas estatutarias si son «homologables».

El Ejecutivo admitió que esta última oferta no es un 'lo tomas o lo dejas', sino que se podrá volver a «negociar». En el caso de que el acuerdo no sea posible, Fernández de la Vega advirtió a los nacionalistas que habrán perdido «una muy buena oportunidad». Fuentes gubernamentales indicaron que si la reforma no sale ahora, «pasarán años» hasta poder discutir otra.

Por último, la vicepresidenta trató de minimizar los efectos que tendría el fracaso sobre la estabilidad del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y, a pesar de los temores que en privado expresan destacados miembros del Gobierno, aseguró que si el Parlamento catalán retira su iniciativa no habrá «pasado nada».

«No es serio»

Los partidos nacionalistas rechazaron el ultimátum y reclamaron más tiempo para negociar. La más beligerante fue ERC, cuyo presidente, Josep Lluis Carod-Rovira, consideró que «no es serio» presentar una última propuesta para llegar a un acuerdo en cuestión de horas cuando persisten profundos desacuerdos en financiación y sobre la definición de Cataluña.

CiU dijo tener serias «dudas» sobre la posibilidad de un pacto en los próximos días, ya que «la última propuesta socialista es claramente insuficiente para los intereses de Cataluña». Asimismo, advirtió que «no queremos que nos me- tan prisas desde Madrid». También el presidente de IC-V, Joan Saura, tachó de «inasumible» la oferta.

Sólo el portavoz del PSC, Miquel Iceta, se salió del pesimismo general y aseguró que, si no se llega a un acuerdo, no será por la inclusión de las «cuatro palabras de 'Cataluña es una nación'» en el articulado del Estatut.