La Diputación tramita estos días un centenar de expedientes para el ingreso en residencias de personas mayores. Se trata de los primeros usuarios que se acogerán al nuevo modelo de financiación, que implica cambios importantes. Antes de entrar en el centro, firmarán un reconocimiento de deuda a favor de la institución foral, que podrá cobrar la asistencia con cargo a su patrimonio inmobiliario.

Aunque todos los residentes suscribirán el documento, en algunos casos no llegará a ejecutarse. Pueden acceder a las plazas públicas las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros -antes el umbral estaba en 24.000-. Durante los primeros años, hasta que sus ahorros queden reducidos a 3.000, pagarán la totalidad del precio público, 58,8 euros al día. A partir de ese momento abonarán una parte, en función de sus recursos.

Esta diferencia es la que cubre el reconocimiento de deuda tras el fallecimiento del usuario. La ejecución de las garantías inmobiliarias se retrasará en algunos casos, por ejemplo si el cónyuge sigue viviendo en el piso. A pesar de estas cautelas, habitualmente la demanda se retrae cuando se introduce esta fórmula de pago, «y luego vuelve a la normalidad». En Vizcaya, en cambio, se han presentado un centenar de solicitudes en apenas veinte días, quizá porque los requisitos económicos para acceder al sistema público son más flexibles.

Residencia de Txurdinaga

El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, participó ayer en una jornada con profesionales del sector para debatir estas y otras novedades. Aunque reconoció que la iniciativa privada tiene «un peso importante» en la gestión de las residencias, considera que con la nueva normativa «crece la responsabilidad pública». De las 8.573 plazas disponibles, la mitad dependen de la Diputación, ya sean propias o concertadas.

A su llegada al Euskalduna, Aburto fue recibido por dos protestas: de los trabajadores de la residencia de Txurdinaga, donde se han paralizado los ingresos, y del hogar del jubilado de Santutxu, que ha pasado al Ayuntamiento. Ante las denuncias de los empleados del geriátrico, que auguran su «cierre definitivo», el diputado dijo que «a medio plazo» se destinará a otros fines, «como un centro sociosanitario o apartamentos tutelados». Mientras, se seguirá atendiendo a los ancianos y a los más dependientes se les ofrecerá el traslado. De los puestos de trabajo dijo que «están garantizados», aunque puede haber «excedentes» que se trasladen a otros servicios.