La aprobación en 2002 de la directiva europea sobre prevención y control integrado de la contaminación obliga a las empresas que desarrollen las actividades incluidas en el Anejo I de esta ley -que puedan producir algunos de los 50 contaminantes considerados «preocupantes»- a notificar las emisiones vertidas a la atmósfera y al agua. En Euskadi, el seguimiento de estas emisiones corre a cargo del EPER. Este organismo, dependiente del Gobierno vasco, es el encargado de informar a la UE sobre las compañías que superan cada año el umbral establecido.

El último informe de la consejería de Medio Ambiente, fechado en 2003, señala a 119 entidades con implantación en el País Vasco -de un total de 320 inscritas- como «potencialmente contaminantes». La mitad de estas firmas desarrolla su actividad en Vizcaya, 47 en Guipúzcoa y 22 en Álava. Figurar en este listado no acarrea sanciones ni les coloca en situación de ilegalidad, aunque sí implica un mayor control «para evitar riesgos». «Hay emisiones que por su funcionamiento son inevitables. Lo que hay que hacer es buscar soluciones, bien sean filtros u otro tipo de dispositivos», aclara Alberto Jiménez, director del plan de evaluación y control ambiental del Gobierno vasco.