Al margen del encono político y pasional que ha desatado la controversia sobre los 'papeles de la Guerra Civil', hay por lo menos algunas cuestiones que hoy están más claras. La primera se refiere al hecho de que ya nadie debate la aplicación de la Ley de Restitución, según la cual los papeles incautados durante la guerra deben volver a Cataluña. En ese sentido, y guste o no el texto legal, el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla-León acatan la norma y ya sólo discuten la precipitación de su ejecución y, sobre todo, la posibilidad de que las cajas trasladadas al Ministerio de Cultura contengan otros papeles distintos de los que contempla la ley. Este último es, precisamente, el sentido de la medida cautelar, cuya resolución compete a la Audiencia Nacional.

Obviamente a nadie se le oculta que en el trasfondo de esa solicitud está el intento del Ayuntamiento de Salamanca de librar su última batalla jurídica, con el fin de evitar el traslado de los fondos. Ahora bien, ni se puede negar la necesidad de comprobar la posible existencia de otros papeles distintos a los que hay que trasladar a Cataluña, ni tampoco que si realmente los hay se impida su envío a un propietario ilegítimo. En todo caso, a estas alturas de un conflicto exacerbado en lo político y en lo humano, lo más deseable es que se cumpla la ley en todos sus extremos y, por supuesto, que todos nos olvidemos de un asunto realmente desafortunado para la cultura, para la historia y para la memoria colectiva.