El Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria dejó ayer vista para sentencia la demanda de Roberto Ortiz de Urbina contra el Alavés como consecuencia de su despido en noviembre de 2004, ya bajo la presidencia de Dmitry Piterman. El abogado del ex director de márketing pidió que se declare «improcedente» la baja laboral y que se pague a su representado la indemnización que recoge su contrato -102.000 euros, el equivalente a dos años de trabajo- más los salarios desde su salida hasta la sentencia, lo que podría elevar la demanda a unos 160.000 euros.

El letrado albiazul solicitó, en cambio, el cese «procedente», sin compensación económica ni readmisión para Urbina. La defensa del Alavés, conducida por Javier Tebas, al tiempo vicepresidente primero de la LFP, buscó sin éxito un acuerdo previo. Propuso que reconocía la improcedencia del despido y aceptaba el pago de la indemnización, no así de los sueldos pendientes, si el abogado de Urbina, José María Acedo, admitía que el contrato era de alta dirección. La oferta fue rechazada por éste, que la interpretó como un intento de «ahorro» por parte del club, y el juicio prosiguió con las posturas enfrentadas.

Acedo defendió que el vínculo laboral de Urbina con el Alavés fue de «carácter ordinario», aunque a lo largo del tiempo desempeñara responsabilidades en la gestión del club. El ex presidente Gonzalo Antón, el único testigo, afirmó ante la jueza Esther Pinacho que el trabajador cesado por Piterman siempre actuó bajo la supervisión de sus superiores -entre ellos el director general, Alfonso Arriola-. Antón negó que Urbina disfrutara de un contrato de alta dirección y confirmó que fue él quien le blindó el salario para protegerle ante un eventual despido y como premio «a su lealtad y servicio» al Alavés.

Baile de fechas

Llegado a este punto, Tebas trató de probar «la mala fe y la deslealtad» de Urbina hacia el Alavés al firmar en mayo de 2004 la mejora y blindaje de un contrato que Antón le había prometido tres años antes. Además, la rúbrica efectiva se produjo a dos meses de la venta de la sociedad anónima, motivo de sospecha para Tebas.

Acedo, por su parte, criticó «los cambios de opinión» y «la tergiversación de los hechos» de la defensa del Alavés, negó que hubiera intento de fraude en el retraso de la firma del contrato y concluyó advirtiendo que Piterman conocía el documento cuando se hizo con el 51% del capital social.