El Banco Popular no va a entrar en la 'guerra' de comisiones desatada por el Santander con la eliminación de algunas de las que aplica a sus mejores clientes. Su presidente ejecutivo, Ángel Ron, anunció que la entidad no secundará esa campaña porque las cantidades que cobra en ese concepto reflejan la «alta calidad» de los servicios que presta.

El grupo elevó un 34,8% sus beneficios el pasado año al obtener 878 millones de euros gracias a la expansión de la actividad -en especial, de los créditos hipotecarios, que creció un 25,6%- y, en menor medida, al efecto de las nuevas normas contables. El Popular incrementó su volumen de negocio un 21,9%, hasta los 93.180 millones de euros, y captó una cifra neta de 520.000 nuevos clientes. Son los mayores avances que la entidad ha experimentado en sus ochenta años de historia si se excluyen los del ejercicio en el que se produjo la integración del portugués BNC.

Ron admitió que las comisiones son uno de los factores que los usuarios tienen en cuenta a la hora de elegir una entidad. Pero «lo más importante es la calidad de los servicios», subrayó. «Nosotros prestamos una alta calidad, que se refleja en el elevado nivel de satisfacción de nuestros clientes, según encuestas internas, y pensamos que por esa calidad debemos cobrar», añadió.

El presidente ejecutivo del Popular reconoció el «impacto comercial y de marketing» del anuncio del Santander, pero hizo hincapié en que su banco ya aplica buena parte de las medidas publicitadas por ese grupo.

Buenas perspectivas

El presente año ha arrancado con expectativas muy favorables -adelantó Ron- porque los objetivos del plan estratégico están prácticamente cumplidos y garantizan cuatro futuros ejercicios de fuertes resultados, explicó. El incremento de los beneficios previsto para el actual es del 14%, lo que le permitirá superar los mil millones.

El responsable de la entidad fue muy crítico con el código de buen gobierno de las empresas elaborado bajo la dirección de la Comisión del Mercado de Valores porque, a su juicio, es «excesivamente reglamentista» y pretende sustituir la voluntad que debe formarse en los órganos de gobierno de las compañías.«Envía un mensaje de desconfianza en los administradores, lo que no es positivo», aseveró.