El pulso librado ayer entre Josep Piqué, presidente del PP en Cataluña, y la dirección nacional del partido ha escenificado las dificultades estratégicas con las que la formación de Mariano Rajoy está afrontando la reacción política a la segunda fase de la reforma del Estatuto catalán. El cambio de actitud de Convergencia y Unión, que con su giro hacia el pragmatismo ha facilitado al presidente Rodríguez Zapatero presentar un principio de acuerdo que encauza de forma razonable una reforma que inicialmente presentaba dudas de constitucionalidad, va a obligar a la Ejecutiva del PP a replantear su oposición al proyecto para evitar que la discrepancia termine convirtiéndose en una incongruencia política.

Entre el análisis del presidente del PP de Cataluña, destacando los cambios del proyecto estatutario respecto al original hasta el punto de señalar coincidencias con las propuestas originales del PP, y la decisión extrema de la Ejecutiva nacional de impulsar una iniciativa popular para convocar un referéndum nacional sobre el Estatuto media un abismo; además de poner de relieve el enfoque tan dispar sobre la reforma estatutaria que existe en Madrid y en Barcelona. Sin embargo, queda fuera de duda que el proyecto que fue aprobado por el Parlamento autonómico ha experimentado una profunda mutación tras ser negociado por el Gobierno y CiU. Si aquel texto era una propuesta rupturista, reclamaba una financiación muy semejante al Concierto Económico del País Vasco y proponía verdaderas cesiones de parcelas de soberanía bajo el manto del término 'nación', todo indica que lo pactado entre socialistas y convergentes, apenas conocido fragmentariamente en sus aspectos más esenciales, obedece ya a otros criterios más moderados.

Una vez producida esta mudanza, resulta difícil de entender que el PP, en lugar de reconocerse como parte influyente de esta decisiva transformación, mantenga empecinadamente la tesis de que nada ha cambiado, de que el texto surgido del compromiso del Gobierno y CiU sigue siendo inconstitucional y de que nada hay en él de aprovechable, de forma que ni siquiera merece la pena debatirlo para perfeccionarlo. Es cierto que el proyecto presenta todavía, por lo que se conoce de él -y a falta de disponer de un texto articulado-, numerosos flancos polémicos que suscitan fundadas dudas que será necesario disipar durante el largo trámite parlamentario que comenzará dentro de poco en la Comisión Constitucional del Congreso. Y lo deseable sería que las fuerzas políticas, especialmente las dos grandes formaciones estatales, emprendieran un constructivo debate de depuración que asegurara no sólo la plena constitucionalidad del texto final, sino también la preservación de la cohesión y de la solidaridad interterritorial.