La conclusión del informe del senador suizo Dick Marty, al que el Consejo de Europa encargó la investigación relativa a los programas secretos de la CIA de captura y traslado de personas sospechosas de pertenecer a redes terroristas fundamentalistas, ha dejado poco margen para el beneficio de la duda. Según el documento hecho público ayer, es «altamente improbable que los gobiernos europeos, o al menos sus servicios secretos, no estuvieran al corriente» de esos vuelos ilegales con más de un centenar de sospechosos de terrorismo islamista en Europa. Más que aportar grandes revelaciones sobre lo que era obvio, el informe ha vuelto a poner el dedo en la llaga de una cuestión ante la que la opinión pública -especialmente la europea- ha demostrado ser extremadamente sensible. Y es que aunque se reconoce que no se puede probar fehacientemente la existencia de cárceles clandestinas en Europa del Este, más allá de las informaciones que han sido publicadas por la prensa, sí se acusa directamente a Washington de haber estado 'subcontratando' la tortura de los sospechosos a manos de países con menos apego por los derechos humanos.

El Consejo de Europa ha procedido en esta ocasión con diligencia y encontrado indicios más que suficientes para denunciar los hechos con contundencia y sin rubor; incluso el Parlamento europeo ha creado ya otra comisión que ofrecerá más adelante sus conclusiones. Los gobiernos que intencionadamente han mirado para otro lado no por ello pueden librarse de responsabilidades y deben explicar a sus ciudadanos los motivos que les han impulsado a tomar esta línea de conducta tan cuestionable. Defender, aunque sea por omisión, que los principios de legalidad y derechos humanos son incompatibles con una acción antiterrorista eficaz supone, de entrada, la asunción de unos criterios que difícilmente casan con las ideas y conceptos básicos sobre los que la Unión Europea debe levantarse.