El lehendakari constituirá el próximo miércoles, 1 de febrero, el consejo político encargado de comandar la estrategia de paz y normalización en el seno de su Ejecutivo. Lo hará siete meses después de haber anunciado su iniciativa en el discurso de investidura, pronunciado el pasado 22 de junio en el Parlamento, y en una fecha de fuerte carga simbólica para él y su Ejecutivo: el día 1 se cumplirá exactamente un año del Pleno en el que el Congreso de los Diputados cerró la puerta al proyecto de nuevo Estatuto para Euskadi. El nuevo órgano nace con el objetivo primordial de tejer las complicidades que permitan formar una mesa de partidos sin exclusiones -es decir, con la ilegalizada Batasuna-, a sabiendas de que esa pretensión no depende tanto de la voluntad propia como que de ETA dé el paso decisivo de renunciar al terrorismo.

Supeditado a un requisito que no está en su mano garantizar -el cese definitivo de la violencia-, Ibarretxe ha ido postergando la constitución del consejo, una especie de sanedrín interno del que formarán parte los jefes de filas de EA y EB en el Gabinete, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo. Finalmente, el Ejecutivo se ha ajustado a su última previsión: el órgano echará a andar en el arranque de un año que las fuerzas vascas creen «determinante» para desbrozar el camino hacia la pacificación, aunque su presentación oficial tampoco tendrá el alcance que se pretendía. El miércoles, Ibarretxe recuperará protagonismo al comparecer públicamente para exponer «la ruta» de trabajo del consejo; no lo acompañará, sin embargo, del nuevo 'plan integral de paz y reconciliación' que prometió aprobar en un plazo de seis meses. Según diversas fuentes consultadas, el proyecto interdepartamental precisa aún de un empujón.

La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, fue la encargada de anunciar la fecha oficial de constitución del consejo, al término de la habitual reunión semanal del Gabinete celebrada ayer de manera excepcional en la localidad alavesa de Salvatierra. En una de las ruedas de Prensa más intensas de los últimos meses, Azkarate tuvo ciertas dificultades para explicitar la tarea del nuevo órgano y se remitió a lo dicho por Ibarretxe hace siete meses: el consejo, reiteró, pretende ser un «agente activo y permanente» en favor del final de la violencia y de la normalización, para lo que tratará de impulsar la mesa de partidos extraparlamentaria y ultimará el plan de paz y reconciliación. Azkarate negó la mayor -que la iniciativa se haya retrasado en demasía-, rechazó que existan circunstancias cambiantes para constituirla justo ahora y remarcó que éste es un momento «oportuno» para hacerlo.

Los requisitos

La portavoz dijo desconocer en qué datos se apoya Arnaldo Otegi para predecir «noticias positivas» en el proceso de paz en las próximas semanas, pero sí aprovechó para recordar al dirigente abertzale que cualquier diálogo resolutivo exige como condición «imprescindible» la desaparición de «todo tipo» de violencia, amenaza y extorsión. «Y todos sabemos lo que eso significa», remachó la consejera. Ese posicionamiento reiterado, sumado a la advertencia de Ibarretxe de que no precipitará la creación de ninuguna mesa «condenada al fracaso», deja la pelota en manos de la organización terrorista y limita el margen de actuación de los partidos.

Aunque la portavoz declinó pronunciarse al respecto, el tripartito parece percibir un estancamiento en la 'línea caliente' no confirmada entre Batasuna y los socialistas, y contempla con cierta inquietud un escenario cargado de incertidumbres y en el que no goza de preponderancia. El consejo permitirá a Ibarretxe recuperar protagonismo después de que éste haya basculado de nuevo hacia los despachos de Sabin Etxea, orquestará los mensajes de los socios y tratará de «romper» el actual 'impasse'.

A la espera de acontecimientos, el Ejecutivo trabaja ahora en el plan de paz que coordina el secretario general de Presidencia, Jesús Peña, y que involucra, entre otros, a la oficina de Víctimas, a Asuntos Sociales y a Justicia. Según los medios consultados, el renovado impulso al Observatorio de Derechos Humanos -una de las propuestas 'estrella' del lehendakari fallida por la falta de consenso- está constituyendo un serio escollo. El Gobierno estudia fórmulas jurídicas que le permitan aprobarlo sin trasladarlo al Parlamento, lo que le evitaría el bloqueo de la oposición.