El Gobierno vasco salió ayer en defensa del consejero de Interior, Javier Balza, tras la denuncia interpuesta por el colectivo Manos Limpias por la celebración el sábado del acto en el exterior del Bilbao Exhibition Centre (BEC) en el que intervino Arnaldo Otegi. El colectivo de funcionarios considera que tanto Balza como el delegado del Gobierno, Paulino Luesma, incurrieron en un delito de desobediencia del auto dictado días antes por el juez Fernando Grande Marlaska.

La portavoz del Ejecutivo autónomo, Miren Azkarate, aseguró tras el Consejo de Gobierno celebrado en Salvatierra que el titular de Interior se encuentra «tranquilo» porque, según dijo, el sábado actuó «con total responsabilidad» al no impedir un acto que había sido convocado por ciudadanos anónimos. Azkarate recordó, además, que el Ejecutivo de Vitoria ya dio su opinión la pasada semana sobre la concentración que iba a tener lugar en Barakaldo e insistió en que el tripartito está a favor de que «todas las expresiones políticas puedan encontrar su cauce de expresión».

Azkarate consideró, en este sentido, un error impedir este tipo de actos ciudadanos porque «no lleva a ningún sitio». La portavoz gubernamental resaltó, asimismo, que la concentración en el exterior del BEC pudo celebrarse finalmente sin ningún tipo de incidente, «libre y de forma pacífica».

Vigilancia de la Ertzaintza

La consejera del PNV mostró también su convencimiento de que la sociedad «ha entendido» el por qué de lo sucedido el sábado en Barakaldo y rehuyó valorar el contenido de la denuncia de Manos Limpias. Según dijo, los ciudadanos vascos saben «cómo se tienen que tomar a estas alturas iniciativas» como la del colectivo de funcionarios.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que mantiene abierta una investigación para analizar si se cometió algún delito en el acto del sábado y en las palabras que pronunció Arnaldo Otegi. Tras firmar en Zaragoza un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, Conde-Pumpido recordó que la concentración fue vigilada «en todo momento» por la Ertzaintza y que la Fiscalía contribuyó a la prohibición del congreso nacional que Batasuna había convocado para ese mismo día. En este sentido, insistió en que la Fiscalía mantiene abierto un proceso contra Otegi por un posible delito de «apología del terrorismo» en el discurso que pronunció en la asamblea de Anoeta, en noviembre de 2004.

El PP, a su vez, criticó la «nula» actuación del Gobierno vasco. El parlamentario vasco Carlos Urquijo exigió a Ibarretxe adoptar «medidas» para que la izquierda abertzale «no burle» el auto de Grande Marlaska y pidió la comparecencia de Balza. Urquijo aseguró que «la tolerancia» del Ejecutivo autónomo ha permitido al partido de Otegi «una actividad pública sostenida» y superar «por la vía de los hechos» su ilegalización.