El dirigente de Convergència i Unió Artur Mas tenía razones para sentirse muy cercano a la euforia al anunciar el acuerdo al que horas antes había llegado con el presidente del Gobierno. En sólo unos meses, Mas ha pasado de tener que defender la memoria del pujolismo de la acusación de corrupción estructural en forma de ese 3% en el que Maragall cifraba 'el problema' de CiU a convertirse en matrona del nuevo Estatuto, desde el que se proyecta como la figura política ascendente en Cataluña.

Tal vez llevado por esa euforia o simplemente por la sinceridad, Mas hizo dos afirmaciones que para un nacionalista son como la renovación de las promesas del bautismo. Por un lado, el dirigente de CiU trazaba la frontera del futuro, con esa manía tan nacionalista de apropiárselo, augurando que no habría porvenir para todo aquel que no apoyara lo acordado en La Moncloa, incluso sin saber los términos del acuerdo. Por otro, calificaba el Estatut de salto adelante -sobre todo para él-, pero dejaba claro que la reivindicación de CiU la marca el texto que llegó del Parlamento de Cataluña y que otro acuerdo, también de noche, también con Rodríguez Zapatero, permitió llevarlo al trámite parlamentario. Dicho queda.

Es en estos momentos tan profusamente calificados de históricos cuando el nacionalismo recuerda que no hay pacto que haga mella en su discurso, en su teoría y en su práctica. Es decir, seguirán estando incómodos en España, volverán a denunciar incomprensión, retraso en las nuevas transferencias, trampas en las cuentas o estrategias para dejar sin contenido lo logrado. ¿Quién dijo que no hay pacto sin renuncia? Si así fuera cualquiera pactaría. Pero alzarse con el santo y la limosna sólo está al alcance de unos pocos. Lo que tiene mérito es convencer a los demás de que apuesten a un número que nunca sale; que pujen por una solución que no está en la baraja; que se pueda afirmar, en un contraste insuperable de imágenes, que se busca el 'encaje' de Cataluña en España y anunciar al mismo tiempo 'un salto adelante'.

Situaciones como ésta de fervor pactista suscitan - al menos en algunos- enigmas sin explicación. Es lo que ocurre cuando se escuchan esas reflexiones de nuestro lehendakari que nos advierte, por poner un ejemplo, de que todos tendremos que hacer esfuerzos para alcanzar la paz. Y es entonces cuando uno se pregunta qué esfuerzo le toca al PNV en ese reparto, por poner otro ejemplo. De la misma manera, habría que preguntar - por simple curiosidad, entiéndase bien- qué es lo que CiU ha puesto encima de la mesa, cuál es su renuncia, dónde está la simetría de compromisos, lealtades, esfuerzos y respetos que son la materia de todo pacto.

El nuevo Estatuto catalán no es, como pretenden los portavoces de Rodríguez Zapatero, ni el límite de las pretensiones de 'autogobierno' de Cataluña ni el cierre del modelo autonómico de la Constitución. Es justamente lo contrario. Es empezar de nuevo, pero desde mucho más arriba, o desde mucho más abajo, según se mire; es volver a escuchar la misma música pero más estridente. La propuesta estatutaria acordada es la que impide estabilizar el modelo territorial de la Constitución, convirtiéndolo en una simple referencia, precaria en su validez y provisional en su vigencia efectiva. Es la expresión de un nacionalismo que, sorprendido por su propio éxito, se encuentra con que su problema ahora es el de administrar el calendario de sus ambiciones con un mínimo de prudencia y afinación táctica.

Por qué los nacionalistas habrían de dar por concluido el recorrido de sus pretensiones? ¿Tienen hoy más o menos motivos para creer en la viabilidad futura de sus deseos? Si además de los árboles miramos al bosque, uno tiene la impresión de que el gran éxito del nacionalismo con el 'nou Estatut' no es la financiación, o el hecho de que el preámbulo reescriba por su cuenta el artículo 2º de la Constitución, o que Cataluña gane en propiedad la plaza de comunidad rica. No. Más relevante que todo eso es que el nuevo Estatuto catalán constituya el gran mecanismo de reciclaje del nacionalismo en su expresión más particularista e impositiva. Que tras un cuarto de siglo largo de andadura democrática y de transformaciones ideológicas y políticas, el nacionalismo no haya tenido que cambiar un ápice, que siga jactándose de que triunfa sin dejarse un solo pelo en la gatera, y que sea para la izquierda la medida del progresismo, es un éxito innegable, en igual medida que da cuenta de la fragilidad de una cultura cívica débil e incapaz de articularse ni en la política ni en la sociedad civil frente a los mitos identitarios.

No son las competencias sino esos mitos identitarios, materia del nacionalismo, los que se blindan. Se blindan frente a 'España' y así adquiere carta de naturaleza esa idea tan gratificante para todo nacionalista de que el mal es siempre exterior y, en este caso, que es concretamente 'España'el origen de toda amenaza que ese blindaje impedirá materializar contra Cataluña. Se blindan poderes para asegurar que el Estado no se entrometa pues sólo cabe pensar que es el Estado el que se extralimita y el Tribunal Constitucional no es de fiar cuando decide a quién corresponde esta o aquella competencia. Se blindan ingresos para evitar que la codicia exterior expolie la riqueza patria. Se blinda hasta la posición de Cataluña en el ránking de la renta per cápita. Es curioso sin embargo que el ídolo identitario no sólo quiera blindarse frente al exterior sino que se blinde también frente a la propia ciudadanía dentro de Cataluña, exigiendo a la sociedad catalana sin excepción el culto a las esencias comunitarias. De ahí el intervencionismo económico, la coacción lingüística, la imposición simbólica, o la creación arbitraria de una memoria colectiva que expulsa a la historia como el testigo incómodo que es para el relato nacionalista.

Seguramente para muchos el problema que se ha planteado desde Cataluña es una reivindicación sólo y exclusivamente económica. Y como la economía sigue yendo bien y tenemos la sensación de estar disfrutando de una pujanza sin fecha de caducidad, muchos de ésos estarán convencidos de que la solución a las reivindicaciones nacionalistas es asequible, fácil y duradera. Ojalá fuera así. En cualquier caso, nadie solvente ha hecho cuentas, ni ha explicado con el rigor que sería exigible la traducción económica del acuerdo, las posibilidades reales de que se generalice el capítulo financiero, las garantías de solidaridad para las comunidades de menor renta y las garantías de que otras comunidades, también prósperas como Cataluña y contribuyentes netas a la solidaridad interterritorial, recibirán el mismo trato que aquélla en cuanto a ingresos e inversiones.

La dinámica más perversa del sistema autonómico se ha puesto en marcha. A partir de ahora, con el Estatuto catalán como referencia empieza un proceso de emulación, cruce de agravios, y exhibición de saldos acreedores. Esta vez, sin embargo, no podemos alegar desconocimiento de sus consecuencias, ni creer que su coste será únicamente económico.