La aprobación del decreto abre un proceso por el que el personal que se hubiera incorporado a las cámaras con anterioridad a noviembre de 2002 podrá optar entre sumarse a la estructura del Gobierno, como personal laboral fijo, o percibir una indemnización. Hasta el momento, de los 50 empleados con los que cuentan las cámaras doce han optado por su ingreso en la Administración vasca. Las indemnizaciones para quienes no elijan esta opción serán de veinte días por año trabajado, hasta doce meses.

Se inicia también la elaboración del inventario del patrimonio de las cámaras, que se dividirá en dos bloques: el obtenido en el periodo de cuota obligatoria, entre mayo de 1927 y enero de 1989, y el obtenido fuera de ese periodo. Aunque ambos patrimonios se integrarán en el del Gobierno, el segundo podrá ser adscrito a favor de asociaciones sin ánimo de lucro que tengan como finalidad principal la defensa, promoción e información de los propietarios y usuarios de viviendas urbanas.

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, ha explicado que el Ejecutivo estima en unos 19 millones de euros el valor del patrimonio de estas cámaras. Los órganos de gobierno de las cámaras quedarán disueltos a partir de la entrada en vigor del decreto, y el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales asumirá, durante el proceso de liquidación, las funciones que hasta ahora tenían atribuidas dichos órganos, para lo cual se designará a un representante delegado.

Servicios gratuitos

Durante este proceso, que puede durar varios meses, las cámaras seguirán prestando los servicios en las oficinas que ocupan en la actualidad. Una vez finalizado, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ofrecerá de modo gratuito a toda la población los servicios de información en materia de derechos y obligaciones de los propietarios y arrendatarios, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento, mediación y conciliación en las cuestiones que surjan entre propietarios inmobiliarios y entre éstos e inquilinos y registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas.

Madrazo ha recordado que con esta aprobación el Gobierno vasco cumple con su obligación una vez que el Estado acordó la supresión de las cámaras como corporaciones de derecho público en 1990, con una ratificación posterior en el Real Decreto-ley de 1994. La obligación de culminar el proceso, una vez resueltas todas las demandas de inconstitucionalidad, fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales se ha referido a los posibles recursos que puedan presentar las juntas directivas de las actuales cámaras y tras reconocer que están en su "derecho", previó que estas posibles iniciativas "chocarán" con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002 que avaló la validez de esta liquidación.