El juicio contra el fundador de la compañía energética estadounidense Enron, Kenneth Lay, y el ex director ejecutivo Jeffrey Skilling comenzó ayer en Houston en medio de una gran expectación. Los jueces y el tribunal deberán pronunciarse sobre el mayor fraude contable de los últimos años.

Enron llegó a ser la séptima mayor compañía de Estados Unidos y a contar con un proyecto innovador admirado internacionalmente. Sin embargo, en diciembre de 2001 se produjo su súbita bancarrota, después de que se detectara un gran fraude contable que dejó a miles de personas sin empleo y que generó pérdidas millonarias en Walll Street.

Skilling ha sido acusado de 31 cargos relacionados con delitos de fraude, conspiración, información privilegiada y manipulación para hacer creer que Enron disfrutaba en realidad de buena salud financiera. Por su parte, Lay está imputado por siete cargos, entre ellos los de fraude e información privilegiada con el propósito de perpetuar el esquema delictivo tras la dimisión de Skilling en agosto de 2001.

Ambos acusados se han declarado no culpables y, en caso de ser condenados, se exponen a décadas en prisión y a multas de millones de dólares.





Gas Natural solicitó ayer ante el Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona que se suspenda temporalmente un punto del orden del día de la próxima junta general de accionistas de Endesa para evitar que éstos aprueben el pago del dividendo de la compañía correspondiente a 2005.

El consejo de administración de la compañía eléctrica propondrá a la junta, prevista para el 25 de febrero, que el dividendo total bruto correspondiente al resultado de ese ejercicio sea de 2,4 euros por acción, y que parte la retribución que queda pendiente de pago -2,095 euros por título- sea abonada el 3 de julio.

La vista judicial se celebró para la petición de medidas cautelares por la demanda que Gas Natural presentó contra Endesa por la supuesta violación del deber legal de pasividad ante la OPA lanzada por la gasista catalana. El juez Enrique Grande Bustos deberá emitir un auto en el que dictamine si acepta o no las medidas cautelares solicitadas por la firma gasista.