Las Juntas Generales de Álava ratificaron ayer el decreto que aprobó la Diputación el pasado diciembre en el que se establecía el 32,6% como nuevo tipo de gravamen para el Impuesto de Sociedades. La medida fue aprobada con los votos del PP, PNV y UA, mientras que Ezker Batua se opuso y el PSE-EE -la sorpresa del día- se abstuvo.

La Cámara decidió abordar la ratificación del decreto en una reunión de la Comisión de Reglamento, con un voto ponderado para cada fuerza política, ante la urgencia que requería este procedimiento y la inexistencia de una convocatoria próxima de un pleno.

El portavoz en las Juntas y secretario general de los socislistas alaveses, Txarli Prieto, argumentó que la abstención del PSE había que entenderla en términos de «no participar en la polémica», por entender que los problemas judiciales que aquejan al Impuesto de Sociedades del País Vasco han sido provocados por la actuación del Partido Popular en otras comunidades. El diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, recordó en su intervención que la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó en enero de 2005 la normativa que regulaba ese tributo respondía a un recurso de la patronal de La Rioja y no del Gobierno de esta comunidad, controlado por el PP; y que la reciente suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia se produjo a requerimiento, entre otras instituciones, de la UGT de La Rioja.

Cambio de voto

Con su actitud, el PSE alavés desatendió así la decisión adoptada por la ejecutiva del partido en Euskadi, que decidió respaldar la nueva normativa si se fijaba un tipo de gravamen superior al 32,5% y el acuerdo se adoptaba por acuerdo de las tres diputaciones, extremos ambos que se cumplieron.

Fuentes del PSE-EE de Vizcaya manifestaron ayer su extrañeza por la decisión de sus compañeros alaveses, al tiempo que anunciaron que en este territorio darán su voto afirmativo a la aprobación del tipo del 32,6%, en la votación que se registrará mañana en el pleno de las Juntas Generales.

Como ya es conocido, las diputaciones trabajan ya -al igual que el Gobierno central- en una amplia reforma fiscal, que afectará no sólo al Impuesto de Sociedades, sino también al IRPF.