La Audiencia Nacional suspendió ayer por tercera vez consecutiva el macrojuicio contra las presuntas organizaciones del entorno de ETA a petición de las defensas de los 56 procesados, que demandaron más tiempo para acabar de estudiar los 100.000 folios que en diciembre pasado se incorporaron a la causa como prueba documental. El juicio, en el que todavía no han declarado más que 21 de los acusados, se reanudará dentro de dos semanas.

El tribunal, desde que las defensas amenazaron el 9 de enero con abandonar la sala si no les permitía estudiar la documentación, ya había concedido a los letrados otros 21 días para este fin. La negativa inicial de los magistrados a otorgar a los abogados un plazo extraordinario para analizar o copiar los documentos provocó incluso la intervención de los colegios de abogados estatal y vasco, cuyos decanos se reunieron con el presidente de la Audiencia Nacional.

La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, con la oposición del fiscal y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que no creen justificadas más dilaciones, otorgó ayer a los letrados «un último plazo» hasta el 13 de febrero, fecha en la que se reanudará el juicio, que en la práctica se encuentra paralizado desde el 20 de diciembre, sólo un mes después de su inicio. El nuevo aplazamiento eleva el tiempo de suspensión de las vistas a 36 días.

La abogada Arantxa Zulueta, en nombre de las defensas, había pedido un mes más de suspensión de las sesiones para acabar de copiar y estudiar la documentación recopilada en 104 cajas con las diligencias previas que el juez Garzón abrió en 1989. Estas diligencias previas, que fueron archivadas hace años, se incorporaron a la causa en diciembre, a petición de las defensas, porque los letrados consideran que de ellas derivaban buena parte de los indicios y pruebas contenidas en el actual sumario. Los defensores piensan que en estos 100.000 folios puede haber elementos que ayuden a lograr la absolución de sus clientes y, por tanto, argumentan que necesitan leerlos antes de continuar con los interrogatorios.

Ángela Murillo, tras un receso de dos horas para estudiar la nueva demanda, comunicó a los letrados que la sala suspendía la vista hasta el 13 de febrero -la mitad del tiempo solicitado- y que realizaba este último esfuerzo «en atención al derecho de defensa, básico en el proceso penal». Los defensores han contratado un técnico que desde el 9 de enero copia con un escáner las decenas de miles de folios en formato digital.

El resultado práctico de la nueva suspensión fue el fracaso del cuarto intento de que declarara el principal de los acusados, Xabier Alegría, considerado por el fiscal como el responsable de KAS/EKIN, nombres sucesivos del presunto 'frente político y social' de ETA. Alegría, que si no hay más dilaciones declarará el 13 de febrero, acusó al tribunal el pasado 9 de enero, en la única frase que tuvo oportunidad de dirigir a los magistrados, de «avalar» el uso de la tortura. El Ministerio Público pide para él 51 años de cárcel.