A propuesta del PSE-EE, la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Vitoria ha aprobado hoy una enmienda transaccional, en la que sólo se abstuvo EHAK, para crear una ponencia que reflexione sobre los distintos modelos que existen sobre la renta básica.

En el País Vasco, la Renta Básica es un derecho "subjetivo" que se concede a quienes no tienen trabajo ni ingresos, y que equivale al 87% del salario mínimo interprofesional. Además, la edad es un requisito y se exige haber cumplido 23 años.

La Renta Básica de la Ciudadanía va más allá y garantiza unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria a todas las personas, a título individual, e independientemente de si tienen trabajo o no y de con quien convivan. El parlamentario del PSE-EE Jesús Loza ha defendido el debate de este modelo de renta básica en el Parlamento vasco y lo ha hecho en nombre de Gemma Zabaleta, la proponente original de la iniciativa, por encontrarse convaleciente.

"Revolución social"

Loza se ha congratulado de que el debate de la Renta Básica de la Ciudadanía llegue el Parlamento vasco y ha asegurado que de aplicarse en el País Vasco, supondría "una revolución" social, ya que "no habría ningún condicionante para percibir una cuantía mínima".

Todos los grupos del Parlamento vasco se han mostrado conformes con reflexionar y analizar sobre este nuevo modelo de Renta Básica, pese a que el PP ya ha adelantado que se opone a su aplicación. El grupo de EHAK se ha abstenido al considerar que la iniciativa original del PSE, la no transaccionada, era más ambiciosa.

La creación de una ponencia específica en el Parlamento vasco para reflexionar sobre los distintos modelos que existen sobre la renta básica, incluido el de la Renta Básica de la Ciudadanía, supondrá llevar este debate por primera vez a la Cámara de Vitoria. En el Congreso de los Diputados ya cuentan con experiencia en este sentido, puesto que grupos como Izquierda Verde (IU-ICV) o ERC han presentado iniciativas sobre esta cuestión.

Acabar con la pobreza

El objetivo es acabar con la pobreza de la ciudadanía, garantizando una renta mínima suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Las experiencias sobre la aplicación de esta Renta Básica de la Ciudadanía se encuentran en el Estado de Alaska (Canadá) y en Brasil, aunque su aplicación es diferente.

En Canadá, se introduce una limitación por edad y se aplica sólo al colectivo de personas mayores de 65 años o a partir de los 60 si forman pareja.En el caso brasileño, aunque se aprobó en enero de 2004, la Renta Básica de la Ciudadanía se aplica de forma gradual desde 2005 y de acuerdo con las posibilidades del presupuesto estatal, comenzando por los más pobres.

En España, la viabilidad económica de esta iniciativa es objeto de estudio por parte de numerosos expertos. Así, existen estudios de este tipo o están en ciernes en Cataluña, Andalucía, Extremadura o País Vasco, entre otras comunidades autónomas.