Ha dicho el presidente catalán Maragall que ya tienen nuevo Estatuto. No sé si los catalanes estarán contentos o más bien cansados y sin saber a qué quedarse: si a lo que era irrenunciabe hace sólo un par de días o a lo que ahora se les presentará como lo mejor del mundo. Lo que sí sé es que en Euskadi más de uno habrá empezado a cansarse del proceso de paz, del uso y abuso de la palabra, y del barullo mental y conceptual que en torno a la palabra se ha ido generando. Y que no tiene trazas de ir a menos. Aunque todos entendemos lo que quiere decir el líder del socialismo vasco, Patxi López, cuando afirma que el único obstáculo para la paz es ETA, y le pide que deje de usar la violencia y que entonces habrá proceso de paz, también es comprensible lo que hace algunos años acostumbraba a repetir algún nacionalista que otro: si ETA deja de matar y de usar la violencia terrorista, ya no hace falta proceso de paz, ya no hay nada que hablar ni que negociar.

Y seguimos en las mismas: para poder hablar de proceso de paz tiene que acabar la guerra. Pero si acaba la guerra sólo se puede hablar ... ¿de qué? De presos, me imagino, y dentro de lo que actualmente es posible en el marco del conjunto de la legislación española, que es un marco más estricto de lo que algunos creen y se imaginan. Y de facilitar la incorporación a la vida civil de los que habiendo estado en otra guerra se encuentren con dificultades de reconstruir una vida en normalidad. Y punto. Ni mesas de normalización, ni reformas estatutarias, ni refundación del Estado, ni debates territoriales. De todo ello se puede hablar ya, se está hablando ya, con y sin Batasuna -EA dice que defiende lo mismo, y del PNV se escucha a veces que también y otras veces que algo distinto, y de IU mejor no hablar pues ni ellos saben probablemente lo que quieren-, de todo eso se está hablando en Euskadi y en Cataluña, y en Valencia y en Andalucía, en Galicia y en todos los rincones de España. Que desaparezca ETA y ya está. Y que se resuelvan los problemas personales y materiales de esta, esperemos que última, reconversión industrial.

Pero nos hemos inventado lo de que la política puede ayudar a la finalización de ETA, en relación probablemente con la invención de las dos mesas y con la vinculación entre las dos mesas. Y ya uno empieza a no entender nada: que desaparezca ETA y podremos hablar de todo. Y ¿por qué no podemos hablar de todo ya, aunque exista ETA? ¿La existencia de ETA hace que el todo sea más todo e incluya más cosas que el todo que se pudiera abordar ahora? ¿Tenemos que estar esperando a que desaparezca ETA para reformar el Estatuto si esa reforma es tan importante para Euskadi e incluso para el futuro de España? ¿O es que la reforma del Estatuto adquiere otra dimensión si se plantea en relación al final de la violencia?

Pero si se afirma que la reforma del Estatuto se hará por acuerdo entre diferentes, siguiendo los procesos previstos en los marcos actuales y dentro de los límites marcados en éstos, ¿cuál es la razón de no emprender ya dicha reforma sin esperar las decisiones que adopten ETA y Batasuna?

A uno no se le va la sospecha de que la separación del final de ETA y la reforma del Estatuto, lo que bombástica y engañosamente se denomina pacificación y normalización, siguen estando estrechamente vinculadas, a pesar de que después del fracaso del acuerdo de Estella-Lizarra hayamos escuchado más de una vez de boca de líderes nacionalistas decir que han aprendido la lección: que hay que separar radicalmente ambos procesos. Pues no. Porque si se hubiera llegado a esa conclusión, especialmente ellos, se podría haber comenzado ya con la reforma del Estatuto, sin esperar a la desaparición de ETA. Como no es ése el calendario, la sospecha se va convirtiendo en certeza: en la reforma del Estatuto, que por eso se llama normalización, Batasuna -y el resto del nacionalismo- esperan plantear lo que ETA, por motivos de imagen, no puede plantear en sus negociaciones con el Gobierno después de haber dejado de usar la violencia. Y no sólo plantear: ¿cuán decisiva será la renuncia de ETA a seguir empleando la violencia si en la reforma del Estatuto no se va más allá de un mero autonomismo reforzado, si no se rompe el marco de la Constitución española, si no se promete una lectura y una interpretación de la misma que implique su autodestrucción?

Y en todo este marasmo el obispo de San Sebastián pide que no se obstaculice el proceso de paz, que no se cumplan escrupulosamente las leyes. La actuación del Estado de Derecho es un obstáculo para la paz, según la Iglesia vasca -sé que me ganaré de nuevo la enemistad de antiguos amigos por mentar críticamente la Iglesia vasca-. Es cierto que también pide a ETA que deje de matar. Pero volvemos a lo mismo: si ETA deja de matar, de extorsionar, de amedrentar, de suponer una amenaza permanente para quienes representan el acuerdo estatutario que implica la integración de Euskadi en el marco constitucional español, ¿qué obstáculos quedan para la paz? Se podrá plantear que el Estado tenga una actitud humanitaria para con los que se encuentren en la cárcel, dentro de lo que permiten las leyes. Se podrá plantear que el Estado sea generoso ayudando a reconstruir proyectos de vida -menos, hay que recordarlo siempre, la de quienes fueron asesinados por ETA-.

Batasuna no se apresta a condenar la violencia. Tampoco da el paso de exigir a ETA que abandone el uso de la violencia. El nacionalismo no termina de extraer definitivamente las consecuencias políticas del pluralismo de los ciudadanos vascos en el sentimiento de pertenencia nacional. El discurso del conjunto del nacionalismo sobre las víctimas está construido de forma que se les encierra en la moral privada de la sociedad vasca, pero se les niega significación política, y se oculta el alcance político de la intención por la que fueron asesinados para el momento en que se quiera reformar la definición de Euskadi.

¿Quién obstaculiza la paz? ¿Un sistema judicial que en la misma medida prolonga la suspensión de actos de Batasuna como protege el derecho a un juicio imparcial de Otegi? ¿El Estado y los que con él establecen con claridad los límites del campo de juego, las normas sin las cuales ninguna sociedad puede sobrevivir, o los que crean falsas expectativas, construyen escenarios de confusión y establecen relaciones y vinculaciones indirectas, semiocultas y veladas entre paz y conquistas políticas?

Hace algunos años los obispos vascos levantaron su voz para augurar tiempos sombríos si se aprobaba la Ley de Partidos políticos, y en su consecuencia, la ilegalización de Batasuna. Sus palabras produjeron un milagro: en lugar de tiempos sombríos la consecuencia de la citada ley y de su aplicación a Batasuna fue crear la suficiente presión para que Batasuna empezara a hablar de apostar por las vías exclusivamente políticas, para que ETA quedara aún más debilitada, y para que de esa debilidad surgiera la esperanza de paz.

Al igual que entonces el Estado de Derecho no escuchó la voz de los prelados vascos, y gracias a ello se ha avanzado mucho en la construcción de la esperanza de que ETA desaparezca, ahora también será mejor no hacer caso de la palabra del obispo de San Sebastián cuando dice que el Estado de Derecho está obstaculizando la paz al actuar como tal, cumpliendo las leyes y haciéndolas cumplir.

Después de tanto tiempo viviendo con ETA todos hemos podido llegar a la conclusión de que si algún día desaparece no será, por utilizar terminología eclesiástica, por contrición, porque han llegado a convertirse, a darse cuenta de la maldad de sus acciones, sino por atrición: porque no pueden más, porque han perdido los apoyos, porque están ahogados, porque se les han agotado las energías, porque no pueden derrotar al Estado de Derecho.

El que quiera la paz está obligado a seguir forzando el proceso de atrición. El verdadero obstáculo a la desaparición de ETA, además de ETA misma, es retirar la presión que les está llevando a la debilidad.