El sindicato ELA acusó ayer a la autoridad laboral -Gobierno vasco- de «inhibirse» en la persecución las irregularidades en la contratación temporal y de no tener «voluntad política» para hacerlo, en un documento que ha remitido a los grupos políticos del Parlamento autónomo. En el texto critica el «fraude generalizado» que las empresas realizan en esta materia y acusa también a las instituciones del «uso y abuso» de ese recurso y de la subcontratación como elementos estructurales de su política de personal.

La central nacionalista quiere dejar así constancia del desacuerdo existente con la patronal Confebask a la hora de elaborar en el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL) un informe encargado por el Parlamento sobre la contratación temporal en Euskadi, donde afecta a un tercio de los trabajadores. El texto no ha podido ser aprobado por el organismo al no compartir ELA y Confebask elementos tan elementales como «aspectos descriptivos» de la situación, que considera esenciales.

Garante de la impunidad

Entre esas circunstancias que deben ser plasmadas, Adolfo Muñoz, responsable de negociación colectiva, citó la negativa de la patronal a reconducir el «gran volumen de fraude en la contratación», su rechazo a que se hable del «papel de inhibición de la Inspección y la autoridad laboral», su oposición a reconocer que los grandes beneficiarios de la temporalidad son los empresarios y, entre otros, su desacuerdo con que la situación afecta al reparto de la riqueza al favorecer los beneficios de las empresas y perder cuota los salarios.

Desde esas posiciones, la central nacionalista arremete en su informe contra la Administración vasca, a la que acusa de convertirse «en garante de la impunidad empresarial con su pasividad» y de dedicarse a «burlar el control público» en aspectos como evitar las normas «que obligan a garantizar los principios de igualdad» en el acceso al empleo público, o subcontratando servicios públicos que generan «precariedad laboral». Está creando una «cultura perversa» desde la propia Administración, contraria al trabajo «estable y de calidad», denuncia el sindicato.

La organización que dirige José Elorrieta va incluso más allá en sus críticas al asegurar que las instituciones públicas son «el ariete en la destrucción de unas condiciones de trabajo dignas», y que sus responsables políticos demuestran «un nulo perfil social».

A la patronal le sale gratis el «fraude generalizado» en la contratación, asegura ELA, que denuncia también que el máximo riesgo que corren por su actuación ilegal en esta materia es una multa de 3.000 euros. Ante esta situación, reclama a la autoridad laboral -en el informe se evita citar al Gobierno vasco y al Departamento de Empleo, en quien recae esta responsabilidad- que utilice una vía aún «virgen» en defensa de los derechos de los trabajadores, como es la de instar por vía judicial la transformación en fijos de todos los contratos temporales en fraude de ley, derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.