La constitución de un consejo político en el seno del Ejecutivo vasco de coalición responde a la decisión de Ibarretxe de establecer su propio ámbito de actuación en cuanto a la paz, valiéndose para ello de sus socios de gobierno. La orientación del anunciado plan, cuyos trazos generales adelantó ya en su investidura, muestra el empeño de subsumir el problema de las víctimas del terrorismo y la exigencia ineludible de que ETA desaparezca dentro de un vasto catálogo de propuestas e iniciativas que, por razonables y legítimas que resulten, contribuirán a desorientar a la opinión pública e incluso a que se incurra en una dolorosa injusticia respecto a quienes más sufren los efectos del terrorismo. Injusticia que resulta especialmente patente cuando determinadas apelaciones a la 'reconciliación' sugieren algo tan cruel como que corresponde a las víctimas el esfuerzo de reconciliarse con verdugos que no han mostrado ni parecen dispuestos a mostrar en el futuro la mínima compasión asumiendo la carga de su intransferible culpa.

El lehendakari ha concedido carta de naturaleza a un consejo que aspira a convertirse en el núcleo de una futura 'mesa de partidos'. Pero, como ocurrió con las sucesivas rondas de contactos puestas en marcha por Ibarretxe en la pasada legislatura, la incoherencia estriba en pretender el consenso y el acuerdo entre todas las formaciones políticas empleando para ello el camino que más puede incomodar a la oposición constitucionalista. No es un problema de metodología, sino de concepto. Hace unos días la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia señalaba que la desaparición de la violencia de ETA era «una de las condiciones» más importantes para avanzar hacia la paz. Sus palabras expresaban fielmente el sentir del nacionalismo gobernante, puesto que éste necesita pensar que hay otras condiciones que, precisamente, coinciden con la temática que ETA emplea para justificar su ignominia.

El enfatizado anuncio del lehendakari, advirtiendo de que tomará la iniciativa si no ve movimientos por parte de ETA y por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero, no sólo sugiere una equiparación inadmisible entre un grupo terrorista y la instancia ejecutiva del Estado de Derecho. Incurre además en un error que a estas alturas sólo puede cometerse desde la ingenuidad, la osadía o un extremado afán de protagonismo. Porque en estas circunstancias al Ejecutivo vasco corresponde ejercer sus competencias en la lucha contra ETA y, por ejemplo, aplicar las iniciativas acordadas por consenso respecto a las víctimas del terror. Pero es inimaginable que una «iniciativa política de carácter extraordinario» puesta en marcha por Ibarretxe pueda contribuir decisivamente a acortar el tiempo que resta para el final de la violencia. Es un error dar por bueno todo lo que se haga en nombre de la paz. Pero el lehendakari merecería un calificativo más severo si esa «iniciativa política» con la que amagó ayer se refiere a lo que denominó como «corazón» de la política del tripartito PNV-EA-EB: «defender el derecho a decidir de este pueblo a través de una consulta popular». Porque mientras el nacionalismo gobernante insista en vincular el logro de la paz al previo encauzamiento de sus particulares aspiraciones, la política vasca continuará empantanada en la injusticia.